Siete integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta participación en la apropiación irregular de recursos destinados a la alimentación y bienestar de soldados, en hechos ocurridos en un batallón de infantería ubicado en el municipio de Ocaña.
Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, al señalar que los procesados: cuatro oficiales y tres suboficiales se habrían aprovechado de las funciones administrativas que desempeñaban en la unidad militar para gestionar, tramitar y apropiarse ilegalmente de cerca de 200 millones de pesos, mediante la falsificación de documentos relacionados con el suministro de alimentos.
Los judicializados son el teniente coronel Nelson Cuta Silva; los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz; el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez; y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.
“Los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos delictivos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales”, se lee en el comunicado emitido por el ente acusador.
Posteriormente, con el fin de dar apariencia de legalidad a la entrega de las raciones, presuntamente utilizaron planillas y formatos en los que consignaban nombres de soldados que se encontraban en vacaciones, permisos, turnos de descanso u operaciones fuera de las instalaciones.
Estos documentos fueron cargados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas ni constancias de recibido por parte de los comandantes responsables de certificar el suministro.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los uniformados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de una juez penal de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de domicilio; mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación.