Las autoridades judiciales avanzan en la investigación de un caso que encendió las alarmas de seguridad en el sur del país, luego de que dos hombres fueran capturados por su presunta responsabilidad en el almacenamiento ilegal de explosivos en una vivienda del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño.
La Fiscalía General de la Nación informó que presentó ante un juez penal de control de garantías a Óscar Alexander Cumbal Ayala e Iván Darío Caipe Rodríguez, quienes fueron detenidos el pasado 14 de enero durante una diligencia de allanamiento y registro realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de soldados del Ejército Nacional. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en zona urbana de Ipiales, tras labores de inteligencia que alertaban sobre la posible presencia de material explosivo.
Durante el procedimiento, las autoridades hallaron cinco cajas que contenían un total de 180 barras del explosivo conocido como pentolita, además de cartuchos para pistola, un computador portátil, dos teléfonos celulares, dos tarjetas de crédito, siete cheques pertenecientes a un banco ecuatoriano, dos placas de vehículos y una tarjeta simcard, elementos que ahora son materia de análisis por parte de los investigadores.
Explosivo de alto poder proveniente de Ecuador
De acuerdo con el análisis técnico realizado al material incautado, se estableció que la pentolita habría sido adquirida en Ecuador. Este tipo de explosivo es considerado de alto poder destructivo y, según los peritos, la mezcla estaba envasada en cilindros metálicos, lo que le permite una mayor resistencia a golpes y a la acción del agua, conservando su velocidad de detonación al momento de ser activada.
La Fiscalía señaló que estas características incrementan el nivel de peligrosidad del material, razón por la cual su almacenamiento ilegal representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana. Un fiscal especializado de la Seccional Nariño imputó a los capturados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas agravado de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Durante las audiencias preliminares, Cumbal Ayala y Caipe Rodríguez no aceptaron los cargos formulados en su contra. Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos probatorios para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones para determinar el destino y posible uso del explosivo incautado.