La Fiscalía General de la Nación judicializó a René Antonio Márquez Pérez y a Carlos Mario Zúñiga Rivas por su presunta responsabilidad en el crimen de Jorge Mario Morales Taborda, un contador, ocurrido el 24 de octubre de 2024 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.
El caso, que ha generado conmoción por la forma en que se desarrollaron los hechos, fue sustentado con diversos elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación adelantada por el ente acusador.
De acuerdo con la Fiscalía, Márquez Pérez, al parecer, se encontró previamente con el contador y ambos se desplazaron hasta un hotel ubicado en la vía que comunica a Pereira con Dosquebradas. En ese lugar, presuntamente, el hoy procesado le disparó, causándole la muerte de manera inmediata.
Tras el crimen, Márquez habría salido del sitio en la camioneta del contador y, junto con Zúñiga Rivas, se dirigieron hacia el Valle del Cauca, transportando el cuerpo sin vida dentro del vehículo.
Traslado del cuerpo, hurto y uso de tarjetas bancarias
Según la investigación, durante el trayecto los presuntos responsables habrían arrojado el cadáver al río Cauca. Dos días después, el cuerpo del contador fue hallado a la altura del municipio de La Victoria, en el departamento del Valle del Cauca, confirmando así la hipótesis de las autoridades sobre el desplazamiento del cuerpo fuera del lugar donde ocurrió el homicidio.
Las pesquisas también permitieron establecer que los dos procesados, presuntamente, vendieron el teléfono celular y otros objetos personales de la víctima. Además, habrían utilizado en nueve oportunidades sus tarjetas bancarias para realizar compras en diferentes establecimientos comerciales, lo que configuró el delito de hurto calificado y agravado.
Funcionarios del GAULA de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron la captura de los investigados en operativos realizados en Dosquebradas (Risaralda) y en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca). Un fiscal de la Seccional Risaralda les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante la audiencia, Zúñiga Rivas aceptó los cargos.
Finalmente, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos procesados, mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.