El 5 de agosto de 2024 quedó marcado por la violencia en el barrio La Victoria de Montería. Ese día, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec fue interceptado en plena vía pública por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
La víctima, José Richard Hernández que se encontraba saliendo de su servicio, fue sorprendido cuando transitaba por el sector. Testigos aseguraron que el ataque fue rápido y directo: los agresores se acercaron, el parrillero descendió y abrió fuego sin darle oportunidad de reacción. Tras cometer el crimen, huyeron del lugar mientras el funcionario quedaba gravemente herido sobre el pavimento. Minutos después se confirmó su fallecimiento. Lea:https://www.eluniversal.com.co/sucesos/2026/02/17/dolor-en-magangue-fallecio-maria-angelica-sanchez-la-mujer-baleada-por-su-pareja/
La hipótesis que sostiene la Fiscalía por la muerte del guarda del Inpec
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan como presunto responsable a Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias ‘Risas’, supuesto integrante del ‘Clan del Golfo’. De acuerdo con el ente acusador, el hoy procesado habría sido quien accionó el arma de fuego en el ataque, en un hecho que no habría sido fortuito sino planificado.
Según la hipótesis judicial, el homicidio estaría relacionado con una retaliación por impedir el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel La Merced de Montería, centro penitenciario donde permanecían recluidos integrantes de esa organización ilegal. La negativa del funcionario habría generado inconformidad dentro del grupo criminal, que presuntamente ordenó el ataque como escarmiento.
Los elementos materiales probatorios también indican que Ramírez Urdaneta haría parte de la subestructura Javier Yépez Cantero del ‘Clan del Golfo’, estructura señalada de dinamizar homicidios selectivos y otras acciones criminales en la capital cordobesa.
La captura se produjo meses después en zona rural de Montería, en un operativo conjunto entre la Sijín del Departamento de Policía Córdoba y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante el procedimiento le incautaron un revólver calibre 38, seis cartuchos y un teléfono celular, que ahora hacen parte del material probatorio.
“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado”, detalló el informe emitido este martes 17 de febrero por el ente acusador.
Pese a que el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.