Aunque han pasado varios años desde los crímenes, la justicia finalmente volvió a verse. La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería condenó a 38 años y 4 meses de prisión a Dairo José Clemente Peñata, alias ‘Julián’, presunto integrante del Clan del Golfo, por su responsabilidad en una serie de asesinatos selectivos ocurridos en la capital de Córdoba.
La decisión judicial se produjo tras un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, con el que se logró revocar un fallo absolutorio emitido en primera instancia.
De acuerdo con lo establecido por el tribunal, Clemente Peñata fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 20 años.
La estructura criminal detrás de los homicidios en el departamento de Córdoba
Durante la investigación, la Fiscalía estableció que alias ‘Julián’ habría hecho parte de una estructura sicarial del Clan del Golfo, a la que se le atribuyen tres homicidios perpetrados entre febrero y mayo de 2017 en Montería. Según las autoridades, las víctimas habrían sido señaladas por la organización criminal como objetivos de los ataques.
Asimismo, el ente acusador indicó que Clemente Peñata era considerado un temible sicario dentro de la organización criminal. De acuerdo con la investigación, utilizaba distintas estrategias para acercarse a sus víctimas y perpetrar los ataques, además de emplear armas con silenciador para evitar ser detectado.
Estos detalles fueron revelados por la Fiscalía General de la Nación en un comunicado emitido este sábado, en el que también se indicó que el condenado deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Sí bien, el Clan del Golfo es una de las principales organizaciones criminales del país y mantiene presencia en varios departamentos del Caribe colombiano, incluido Córdoba. En esta zona, según han advertido las autoridades, el grupo ha sido señalado de participar en homicidios selectivos, extorsiones y control de economías ilegales, lo que ha generado preocupación entre las comunidades.