La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Pedro Cristian Goyes Arteaga, señalado de ser integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, y de estar implicado en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara (Nariño), Jimmy Rosero Chávez.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras, ubicada en el corregimiento de Sidón. Ese día, el funcionario se encontraba reunido con habitantes del municipio que habían sido desplazados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En medio del encuentro, hombres armados irrumpieron en el lugar, intimidaron al personero y se lo llevaron por la fuerza en un vehículo.
Horas más tarde, el cuerpo sin vida de Rosero Chávez fue hallado en el sector conocido como Puente Rojo, en el corregimiento El Ejido, lo que generó conmoción en la región y rechazo por parte de diferentes sectores.
Ataque a bala al CTI durante inspección
La situación se tornó aún más grave cuando, durante la diligencia de inspección técnica al cadáver realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Sijin de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, se registró un ataque armado.
Según las autoridades, integrantes de las disidencias de las Farc habrían lanzado artefactos explosivos y disparado ráfagas de fusil contra la comisión oficial. En medio de esta acción violenta, un soldado profesional resultó herido.
Las labores investigativas permitieron establecer que Goyes Arteaga presuntamente participó tanto en el secuestro y asesinato del personero como en la emboscada contra la comitiva judicial.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro, violencia contra servidor público, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos en circunstancias agravadas.
El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas. No obstante, por decisión del juez de control de garantías, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.