El feminicidio de la adolescente Leyla Monserrat, de tan solo 15 años, ocurrido en Sonoyta, estado de Sonora, ha vuelto a sacudir a México tras conocerse las condenas impuestas a las responsables: dos menores de edad que, según la investigación, eran cercanas a la víctima. El caso ha generado una fuerte ola de rechazo social.
De acuerdo con las autoridades, los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2025, cuando la joven fue engañada por Britany Michel, de 15 años, y otra menor identificada como Monserrat, de 13. Ambas la citaron con pretextos falsos y la llevaron hasta una vivienda ubicada en el municipio de General Plutarco Elías Calles. En medio de un acto que ha sido calificado como premeditado, la víctima fue amarrada a una silla, vendada y posteriormente estrangulada. Uno de los elementos más impactantes del caso es que el crimen fue grabado en video por una de las agresoras.
El video que posteriormente circuló en redes sociales, fue enviado de manera anónima a la madre de la menor, convirtiéndose en una pieza clave dentro del proceso judicial. Tras cometer el asesinato, las responsables intentaron ocultar el cuerpo enterrándolo en el patio de una vivienda.
El cadáver fue hallado días después en condiciones que obligaron a que el ataúd permaneciera sellado, impidiendo a sus familiares darle el último adiós. La causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica.
Condenas que desatan indignación en México y cuestionamientos
La polémica se intensificó tras el fallo del juzgado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en abril de 2026. Britany Michel fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra implicada recibió 11 meses de libertad asistida. Además, se ordenó una reparación económica de poco más de 5.000 pesos mexicanos, que equivalen aproximadamente a 1.024.526 pesos colombianos. una cifra que, según denunciaron los familiares, no alcanzarían ni siquiera para cubrir los gastos funerarios.
La difusión del video y la diferencia entre la gravedad de los hechos y las penas impuestas han provocado una oleada de críticas en redes sociales y entre colectivos ciudadanos, que exigen una revisión del sistema de justicia para adolescentes y mayores garantías para las víctimas de violencia de género.