Lo que parecía un ejercicio de control ciudadano terminó siendo, según la Fiscalía, una fachada para delinquir. Tres hombres que se presentaban como integrantes de una red de veeduría fueron enviados a la cárcel tras ser señalados de extorsionar a alcaldes y funcionarios en el departamento del Cesar.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, los implicados contactaban a servidores públicos y los citaban a reuniones bajo el argumento de tratar temas de control a la gestión. Sin embargo, en esos encuentros, la situación tomaba otro rumbo.
Así operaba el entramado que presionaba a alcaldes
“Los hoy judicializados exigían pagos que iban desde los 10 hasta los 300 millones de pesos, con la promesa de no interponer denuncias por supuestos hechos de corrupción o de retirar acciones ya instauradas ante organismos de control”, señaló el reporte del ente acusador.
Los procesados fueron identificados como Juan David López Rojas, señalado como cabecilla del grupo; José Carlos Toncel García, quien presuntamente actuaba como intermediario; y Federman Asley López, encargado de la logística y la recepción del dinero.
Las autoridades atribuyen a esta estructura varias extorsiones, entre ellas las dirigidas contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como contra el alcalde de Becerril.
Tras reunir las evidencias, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el juez consideró que representaban un riesgo y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberán permanecer mientras avanza el proceso judicial.