En una decisión trascendental para la justicia en el departamento del Cesar, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar emitió un fallo condenatorio en contra de Oscar Andrés Barrios Caballero.
El procesado fue hallado responsable del atentado criminal perpetrado contra el fiscal Jesús María Fontalvo Cabarcas, un caso que se mantuvo bajo el escrutinio público durante casi ocho años debido a la investidura de la víctima y la gravedad de los hechos.
La sentencia, proferida el pasado 8 de abril de 2026 por el juez Andrés Palencia Fajardo, declara a Barrios Caballero culpable de los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Según el fallo de primera instancia, quedó plenamente demostrada la autoría del hoy sentenciado en el ataque ocurrido el 27 de julio de 2018 en el municipio de Agustín Codazzi, donde la vida del funcionario judicial estuvo en inminente peligro.
Detalles del ataque y las pruebas que sustentaron la condena
Los hechos que motivaron esta decisión judicial se remontan a una tarde en la que el fiscal Fontalvo Cabarcas se encontraba en un establecimiento comercial de Codazzi. De acuerdo con el relato consignado en el expediente, Barrios Caballero ingresó al lugar y, tras proferir amenazas directas, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el funcionario.
La tragedia se evitó gracias a la pericia de la víctima, quien logró resguardarse rápidamente y utilizar su arma de dotación para repeler la agresión, forzando al delincuente a emprender la huida.
Durante la etapa de juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó un robusto acervo probatorio que fue clave para que el despacho judicial desvirtuara la presunción de inocencia del procesado. Entre los elementos materiales probatorios destacaron testimonios directos y reconocimientos fotográficos realizados por testigos presenciales, los cuales ubicaron sin lugar a dudas a Barrios Caballero en la escena del crimen.
Como consecuencia de sus actos, el juez impuso una pena de 195 meses y 18 días de prisión, lo que equivale a más de 16 años tras las rejas. Además, se le inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la condena principal. Cabe resaltar que, debido a la peligrosidad del ataque y la gravedad de los delitos, el juez negó cualquier beneficio de casa por cárcel o suspensión de la pena, ordenando su reclusión inmediata en un centro penitenciario. No obstante, la defensa del sentenciado ya interpuso un recurso de apelación, trasladando la decisión final a un tribunal superior.