Cuatro hombres señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto violento en el barrio El Poblado, en Medellín, fueron enviados a prisión por decisión de un juez de control de garantías, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Los procesados fueron identificados como Diego Fernando Mena Serna, Camilo Ramírez Mena, Mauricio Hurtado Moreno y Aldair José de Arco Cardales, quienes serían responsables de cometer una serie de robos contra residentes, transeúntes y ciudadanos extranjeros en diferentes sectores de esta exclusiva zona de la capital antioqueña.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por unidades de la Policía Nacional, los hechos se habrían presentado desde comienzos de 2025. Las autoridades establecieron que los señalados, presuntamente, intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y elementos cortopunzantes, además de golpearlas para someterlas y despojarlas de sus pertenencias.
Según el expediente, las víctimas eran trasladadas a lugares apartados o corredores de escape con el fin de evitar una reacción inmediata de las autoridades. Allí, además de robarles objetos de valor, los obligaban a entregar las claves de aplicaciones bancarias para realizar transferencias de dinero.
Roles definidos dentro de la organización
La investigación permitió establecer que los implicados tendrían funciones específicas dentro de la supuesta banda delincuencial.
Algunos se encargaban de perfilar a las víctimas y hacerles seguimiento, mientras otros interceptaban y reducían violentamente a las personas seleccionadas. También había quienes vigilaban el entorno para alertar sobre la presencia policial y facilitar la huida de quienes ejecutaban los robos.
Las autoridades lograron identificarlos gracias a diferentes actos investigativos y al menos siete denuncias instauradas por las víctimas. Durante el proceso se recopiló material probatorio que evidenciaría la forma coordinada en la que operaban.
La Fiscalía indicó que el grupo habría obtenido más de 41 millones de pesos entre dinero en efectivo y transferencias bancarias. Además, se habrían apropiado de nueve celulares de alta gama, joyas y tarjetas bancarias, alcanzando un botín cercano a los 120 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.