Un duro golpe contra las redes internacionales del narcotráfico propinaron las autoridades colombianas tras la incautación de 5.439 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe, durante dos operaciones coordinadas que permitieron además la captura de siete personas de diferentes nacionalidades.
Los procedimientos, desarrollados por la Armada de Colombia con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y organismos aliados de la región, demandaron más de 120 horas de trabajo operacional e involucraron unidades de superficie, aeronaves de vigilancia marítima y equipos de Guardacostas.

La mayor incautación se produjo en el Caribe occidental, donde una embarcación rápida tipo “Go Fast” fue detectada mientras navegaba con destino hacia Centroamérica. Tras una operación de interdicción marítima, las autoridades interceptaron la lancha en la que viajaban cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño. Durante la inspección fueron hallados 161 bultos que contenían 4.049 kilogramos de cocaína.
Aunque el material ilícito y los ocupantes fueron asegurados, la embarcación terminó hundiéndose debido a las difíciles condiciones del mar. Los capturados fueron trasladados posteriormente a Cartagena para enfrentar cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Segunda operación frustró otro envío de droga hacia Centroamérica
En una acción previa, desarrollada en el norte del Caribe colombiano, las autoridades frustraron otro intento de envío de droga hacia Centroamérica. En esta oportunidad, dos colombianos transportaban 1.390 kilogramos de cocaína distribuidos en 50 bultos a bordo de otra lancha rápida. El seguimiento aéreo y marítimo permitió interceptar la embarcación y confirmar la presencia del alcaloide mediante las pruebas correspondientes.


De acuerdo con las autoridades, estas incautaciones representan pérdidas superiores a los 250 millones de dólares para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Además, recalcaron que continuarán desplegando capacidades operacionales en el Gran Caribe para impedir que las rutas marítimas sean utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

