El proceso judicial que vincula a Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González, con un presunto caso de secuestro y tortura avanzó este jueves 25 de junio, en Barranquilla con la legalización de su captura y la de otras cinco personas involucradas en la investigación.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, que además avaló los procedimientos realizados por las autoridades durante el desarrollo de la operación.
Junto a Díaz González también fueron legalizadas las capturas de Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, quienes figuran dentro del mismo expediente judicial.
Asimismo, el despacho judicial dio vía libre a seis diligencias de allanamiento adelantadas por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla en inmuebles ubicados en el sector de Villa Campestre, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia.
De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, los procesados estarían relacionados con la retención ilegal y las agresiones sufridas durante dos días por un hombre, en hechos ocurridos a finales de 2025.
La víctima sería un trabajador vinculado laboralmente a una empresa relacionada con Luis Mariano Díaz González, circunstancia que hace parte del material probatorio analizado por las autoridades.
La audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento continuarán el próximo 2 de julio, fecha en la que se definirá el futuro judicial de los implicados.
Cabe anotar que Díaz González, de 28 años, natural de Valledupar y de ocupación comerciante, lo retuvieron en un inmueble en el barrio Riomar (norte de Barranquilla). Las otras capturas fueron en Villa Campestre (Puerto Colombia), Los Olivos II (Barranquilla) y Los Ángeles (Soledad). Entre los detenidos hay comerciantes, cobradores y personas dedicadas a los “oficios varios”.
Las investigaciones dejan entrever que el operativo fue contra una estructura dedicada presuntamente al llamado “gota a gota” o cobro diario ilegal. Las autoridades indagan si los implicados recurrían a agresiones, presiones y amenazas para obligar a sus víctimas a cancelar las cuotas pactadas.