La Fiscalía General de la Nación judicializó al exconcejal de la ciudad de Manizales, César Augusto Díaz Zapata, señalado de presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra una mujer con la que mantenía una relación sentimental en la capital del departamento de Caldas.
Según informó el ente acusador, la actuación judicial hace parte de las estrategias implementadas para fortalecer la protección de las víctimas de violencia basada en género y garantizar el acceso a la justicia en este tipo de casos.
Las investigaciones, adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), establecieron que la presunta víctima habría sido sometida a diferentes episodios de agresión durante los cuatro años que duró la relación con el hoy procesado.
Para sustentar la investigación, los funcionarios judiciales realizaron entrevistas, verificaciones, labores de vecindario y valoraciones médico-legales, además de otras diligencias de policía judicial que, según la Fiscalía, evidenciarían la posible responsabilidad del exfuncionario en los hechos denunciados.
Dictamen de Medicina Legal fue pieza clave
Durante las diligencias preliminares también fueron revelados varios detalles del proceso investigativo, entre ellos el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual determinó las lesiones y las afectaciones sufridas por la mujer, elementos que fueron incorporados al expediente como parte del material probatorio.
Con base en las evidencias recopiladas, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación contra César Augusto Díaz Zapata por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Durante la audiencia correspondiente, el procesado no aceptó el cargo formulado por el ente investigador. No obstante, por decisión judicial, deberá cumplir una medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso penal.
Las autoridades reiteraron que continuarán impulsando acciones para investigar y judicializar los casos de violencia contra las mujeres, con el propósito de prevenir nuevas agresiones y garantizar la protección de las víctimas.