Cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Quintis fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación, señalados de manipular cajeros automáticos para cometer el denominado “cambiazo” de tarjetas débito y crédito, una modalidad con la que habrían afectado a usuarios del sistema financiero entre 2023 y 2026.
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, permitió establecer que el grupo estaría vinculado con al menos 13 hurtos y cerca de 250 casos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos mediante la alteración de cajeros automáticos.
Según el ente acusador, los delincuentes aplicaban sustancias adhesivas en los equipos para generar aparentes fallas técnicas. Mientras algunos integrantes vigilaban el lugar, otros simulaban realizar transacciones para ganarse la confianza de las víctimas.
Luego ofrecían ayuda, observaban las claves y realizaban el cambiazo de las tarjetas, que posteriormente eran utilizadas por otros miembros de la organización para retirar dinero o efectuar compras.
Adultos mayores, entre las principales víctimas
Las labores investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que la estructura criminal operó en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país, afectando de manera sistemática cajeros de diferentes entidades bancarias.
Entre las víctimas fueron identificados varios adultos mayores, quienes, según la investigación, eran seleccionados previamente para facilitar el engaño.
Las autoridades estiman que las pérdidas superan los 1.200 millones de pesos, entre el dinero hurtado a los usuarios y los costos que asumieron las entidades financieras para reparar los cajeros vandalizados.
Por estos hechos fueron judicializados Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar. Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático agravada.
Sánchez Aguilar también fue imputado por delitos relacionados con armas de fuego halladas durante su captura. Ninguno aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.