La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de Acevedo, Huila, Edgar Prada Sterling, y al secretario de Gobierno de ese municipio, Sebastián Silva Peña, por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con el acoso sexual del que habría sido víctima una mujer que trabajaba como contratista de la administración municipal.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los hechos se habrían registrado entre 2024 y 2025. Durante ese período, los dos funcionarios, al parecer, habrían desplegado conductas verbales y físicas que vulneraron la libertad y la dignidad de la mujer.
Según los elementos recopilados por la Fiscalía, la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de asedio, intimidación e insinuaciones de carácter sexual. Los procesados, presuntamente, se habrían valido de sus cargos y de la relación laboral para ejercer presión sobre ella.
Presuntas intimidaciones y contacto físico no consentido
La investigación señala que las conductas habrían comenzado con invitaciones reiteradas para sostener encuentros privados, así como propuestas para compartir espacios íntimos. Posteriormente, estas situaciones habrían escalado hasta episodios de contacto físico no consentido.
La Fiscalía también estableció que la mujer habría sido intimidada con posibles consecuencias laborales si no accedía a las pretensiones de los funcionarios. Entre las presuntas amenazas se encontraba la posibilidad de perder su trabajo como contratista del municipio.
Para el ente investigador, estas actuaciones habrían afectado no solo la libertad sexual de la víctima, sino también su bienestar físico y emocional y su dignidad.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Huila imputó a Edgar Prada Sterling y Sebastián Silva Peña el delito de acoso sexual agravado, conducta que contempla una mayor gravedad cuando se presenta aprovechamiento de una posición de autoridad o superioridad.
Durante las audiencias correspondientes, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La judicialización constituye el avance de un proceso penal y será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad.