La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de un entrenador y árbitro de fútbol señalado presuntamente de cometer delitos sexuales contra menores de edad. Edwin Fabián Cardona Baquero, según el ente acusado, habría provechado su condición para contactar y ganar la confianza de menores de edad en sectores vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga (Santander), e instrumentalizarlos para producir material con contenido explícito.
“Las evidencias dan cuenta de que presuntamente tomaba videos y fotografías de niños, niñas y adolescentes, mientras eran sometidos a actividades de tipo sexual. Posteriormente, almacenaba los registros y los distribuía a través de dispositivos móviles”, señala el ente acusador.
De igual manera, se conoció que en algunas oportunidades, al parecer, se presentó como dueño de una agencia de modelaje para ubicar jóvenes y pedirles que se dejaran tomar imágenes íntimas con el supuesto de usarlas para ayudarlas a concretar una oportunidad laboral.
Por estos hechos, ocurridos entre 2023 y 2026, Cardona Baquero fue capturado por la Policía Nacional en Girón (Santander). En el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, siete memorias USB y un computador portátil, que contendrían elementos de interés para el avance de la investigación.
Entre tanto, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
A 17 años de prisión condenan a responsable de abusar sexualmente de una niña
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 17 años de prisión a Rocendo Gil Pinzón como responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, del que fue víctima una menor de edad en Tibaná (Boyacá).
La Fiscalía evidenció que, a inicios de 2024, el ahora sentenciado agredió sexualmente, en repetidas oportunidades, a una menor de edad que presentaba una discapacidad cognitiva moderada. Producto de las agresiones, la víctima quedó en estado de embarazo.
El estado de gestación de la menor de edad fue conocido por su madre, quien denunció el caso ante la Fiscalía. La investigación evidenció que la víctima fue intimidada por el agresor para que accediera a sus pretensiones y para que no comentara lo sucedido.
El juez del caso negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al igual que la sustitución de la prisión carcelaria por domiciliaria, por lo que esta deberá ser cumplida en establecimiento carcelario. Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.