Las pruebas recopiladas y presentadas por la Fiscalía General de la Nación llevaron a cuatro presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo a reconocer su participación en una serie de hechos criminales registrados entre marzo y abril de 2024 en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los procesados estuvieron involucrados en el asesinato de tres personas y en un intento de homicidio contra otra víctima. Los hechos estarían relacionados con las actividades ilegales que esta organización desarrollaba en diferentes municipios del norte del departamento.
Los señalados fueron identificados como Fernando Puerta Posada, Wilmar Enrique Arias Hernández, Cristian Alberto Ariza y Jhon Alexander Aguilera Triviño. Los cuatro decidieron aceptar su responsabilidad mediante preacuerdos suscritos con la Fiscalía, luego de hacerlo de manera libre y voluntaria y con el acompañamiento de sus respectivos abogados.
Los acuerdos alcanzados fueron posteriormente revisados y avalados por un juez de conocimiento, quien impartió la respectiva aprobación judicial y permitió que las condenas quedaran en firme.
Buscaban controlar rutas para el tráfico de drogas
Durante el proceso, la Fiscalía logró establecer que los cuatro hombres harían parte de una estructura criminal que, por lo menos desde 2021, venía desarrollando actividades delictivas en varios municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca.
Según el material probatorio presentado ante las autoridades judiciales, una de las principales finalidades de estas acciones era ejercer control sobre corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes y garantizar el funcionamiento de las actividades relacionadas con el narcotráfico para el Clan del Golfo.
Por estos hechos, los ahora condenados deberán cumplir diferentes penas de prisión, determinadas de acuerdo con el grado de responsabilidad individual establecido dentro del proceso judicial.
Las condenas oscilan entre cinco y 17 años de prisión y contemplan delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, además de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
A las penas de prisión también se suman sanciones económicas. En conjunto, los condenados deberán pagar multas que oscilan entre 1.350 y 1.351 salarios mínimos legales mensuales vigentes correspondientes al año 2024.
Con la validación de los preacuerdos por parte del juez y al encontrarse ejecutoriada la decisión judicial, las sentencias contra los cuatro hombres quedaron en firme.