Lo que parecía una oportunidad para conseguir trabajo terminó en un escabroso caso de explotación sexual para cuatro mujeres que viajaron desde Medellín hasta Villavicencio. La oferta era para trabajar como meseras, pero al llegar a la capital del Meta la situación habría tomado otro rumbo.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este sábado, 3 de octubre, al informar sobre la judicialización de María Ofelia Ortiz Gil, señalada de estar involucrada en el presunto engaño y sometimiento de las cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024. Según la Fiscalía, las mujeres fueron recibidas en Villavicencio y posteriormente conducidas hasta un establecimiento comercial que sería propiedad de Ortiz Gil. Una vez allí, de acuerdo con la investigación, les habrían informado que debían realizar actividades sexuales y permanecer en el establecimiento hasta altas horas de la noche, cuando se retirara el último cliente. Le puedo sugerir: Ella era Airanis Díaz Arroyo, la joven de 23 años que sicarios le quitaron la vida
La situación habría incluido además medidas de control sobre las mujeres: “Las mujeres permanecieron encerradas y vigiladas con cámaras de seguridad. Además, Ortiz Gil presuntamente controlaba sus movimientos, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar por las bebidas alcohólicas y los actos sexuales”, informó la Fiscalía.
La alerta que permitió avanzar en el caso surgió cuando la madre de una de las adolescentes acudió a las autoridades para reportar la situación y tratar de establecer dónde se encontraba su hija.
A partir de esa información se adelantaron las acciones que permitieron ubicar el establecimiento. Posteriormente, las autoridades llegaron hasta el lugar y lograron rescatar a las cuatro mujeres.
Con los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado, sin embargo, la procesada no aceptó el cargo. Posteriomente, una juez de control de garantías ordenó que deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.
Por último, el ente acusador indicó que los hechos continúan bajo investigación para establecer las circunstancias en las que las mujeres fueron trasladadas desde Medellín y las condiciones a las que presuntamente fueron sometidas después de llegar a Villavicencio.
