Un inmueble en Villa del Rosario (Norte de Santander), que habría funcionado como un estudio clandestino dedicado a transmisiones con contenido explícito por plataformas digitales, dejó al descubierto la explotación sexual de dos mujeres, de 19 y 16 años, entre agosto y octubre de 2025. Las víctimas habrían sido llevadas al lugar, donde debían cumplir horarios y atender las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo.
Así lo ha confirmado la Fiscalía General de la Nación, tras precisar que actividades de policía judicial permitieron identificar a los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, como los presuntos responsables de vigilar a las víctimas e imponer multas por incumplir las reglas establecidas.
Asimismo, se conoció que la madre de la adolescente presuntamente explotada estaría involucrada en las actividades ilícitas y habría permitido que su hija acudiera al estudio.
“Entre agosto y octubre de 2025, en un inmueble de Villa del Rosario (Norte de Santander), habría funcionado un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales. A ese lugar habrían sido llevadas una mujer de 19 años y una adolescente de 16 años, quienes debían cumplir horarios y atender todas las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo para obtener mayores ingresos económicos. Los pagos eran realizados en dólares y recibidos por los administradores del sitio”, detalla el organismo judicial.
Actividades de policía judicial dirigidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, serían los encargados de vigilar y supervisar a las víctimas, y aplicar multas por posibles incumplimientos de las reglas impuestas. De igual manera, se conoció que la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija acudiera al estudio y fuera explotada sexualmente.
Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres señalados implicados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
