Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Iván Suaza Tabares, de 46 años, señalado de participar en la retención ilegal de dos comerciantes en Medellín, Antioquia, mediante un supuesto operativo policial que habría sido utilizado para exigirles millonarias sumas de dinero.
La decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que le atribuye al procesado presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre en el barrio Robledo Pilarica.
De acuerdo con la investigación, tres hombres armados y con chalecos antibalas interceptaron a las víctimas y las obligaron a subir a un vehículo particular. Los señalados les habrían dicho que debían trasladarlos hasta una sede de la Fiscalía, con el propósito de hacerles creer que se encontraban ante un procedimiento judicial legítimo.
Sin embargo, las actuaciones investigativas indican que, cuando estaban cerca de las instalaciones de la entidad, los presuntos delincuentes realizaron una llamada telefónica en altavoz con una supuesta fiscal. Durante la comunicación, les hicieron creer a los comerciantes que tenían procesos penales en su contra y que debían pagar dinero para evitar ser judicializados.
Posteriormente, les habrían exigido 280 millones de pesos a cambio de recuperar su libertad y eliminar del sistema SPOA la información que supuestamente los comprometía.
Las víctimas entregaron dinero y joyas durante el cautiverio
Según la denuncia, mientras permanecieron retenidos durante aproximadamente tres horas, los comerciantes habrían sido presionados para realizar transferencias bancarias por 11 millones de pesos y entregar joyas avaluadas en 50 millones de pesos.
Aunque finalmente los dejaron en libertad, los presuntos responsables se llevaron una camioneta de las víctimas como garantía para presionar el pago del dinero restante.
Otro elemento que hace parte de las indagaciones es la posible instalación de un dispositivo de geolocalización GPS en uno de los vehículos de los afectados. Según los investigadores, este mecanismo habría sido utilizado para rastrear sus desplazamientos y conocer su ubicación.
La captura de Suaza Tabares se produjo cuatro días después de los hechos, cuando uniformados del Gaula de la Policía Nacional lo ubicaron en un centro comercial del occidente de Medellín. De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente se disponía a recibir dinero relacionado con las exigencias económicas.
Durante el procedimiento, una de las víctimas lo reconoció como uno de los participantes en la retención. Además, los uniformados encontraron en su poder los controles del vehículo que les había sido quitado a los comerciantes.
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
