Perfiles falsos, imágenes íntimas y amenazas de divulgación: así se habría ejecutado un esquema de extorsión contra ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Fiscalía judicializó a dos personas que presuntamente estarían relacionadas con estos hechos que afectarían a, por lo menos, 14 víctimas.
La investigación indica que los señalados implicados contactaban a sus víctimas por aplicaciones de mensajería, obtenían fotos y videos íntimos, y luego exigían dinero para no divulgarlos. También habrían recurrido a amenazas de atentados y a identidades falsas para realizar cobros extorsivos. Los procesados fueron imputados por extorsión agravada. No aceptaron los cargos y un juez con funciones de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos personas por su presunta participación en exigencias económicas en medio de amenazas de divulgar contenido sexual. La investigación permitió asociar hechos que involucran, al menos, 14 víctimas.
“La creación y uso de perfiles falsos habrían sido el mecanismo utilizado para obtener fotografías y videos de contenido íntimo y, posteriormente, exigir dinero a cambio de no divulgarlos en redes sociales. Por estos hechos, que afectarían a habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación”, detalla el ente acusador.
La pareja, al parecer, contactaba a sus víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y las persuadían para que compartieran imágenes de contenido sexual. Después, les imponían pagos en medio de amenazas de publicar ese material por diferentes plataformas y medios de comunicación. En otras ocasiones se hacían pasar como integrantes de grupos delincuenciales que tienen injerencia en el archipiélago para hacer cobros extorsivos a cambio de no ejecutar atentados en su contra.
Para este propósito presuntamente utilizaban otras identidades para establecer contacto con los ciudadanos y les indicaban que transfirieran diversas sumas a billeteras virtuales asociadas a números de teléfono celular.
Producto de las actividades investigativas y de análisis, fueron asociados eventos delictivos ocurridos durante el último año, que dan cuenta de 14 personas afectadas, entre hombres y mujeres. Ramírez Díaz y Pérez Morrillo fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional en María La Baja (Bolívar), municipio desde el cual se desarrollarían los actos ilícitos.
Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
