Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados por presuntamente participar en la retención ilegal, tortura y asesinato de dos hombres en hechos ocurridos en junio de 2022 en la vía que comunica a Lorica con San Bernardo del Viento, en Córdoba.
La Fiscalía estableció en la investigación “que las víctimas descendieron de un bus que cubría la ruta Sincelejo - San Onofre (en Sucre) y en la estación de servicio del último municipio habrían sido subidas a la fuerza a vehículos oficiales, asignados a los policías pata el requerimiento de sus funciones”. Allí, precisa el ente acusador, los habrían torturado y asesinado.
Los dos cuerpos fueron hallados en un basurero en zona rural del municipio de Lorica y desde entonces, uniformados adelantaron las indagaciones.
La evidencia técnica recolectada por la Fiscalía “da cuenta de que los uniformados adscritos al Gaula Sucre, al parecer, desplegaron varias actuaciones irregulares previas al crimen”.
El 29 de junio de 2022, asegura el ente acusador, luego de reportarse un atentado contra un policía en Betulia (Sucre), cuatro de los hoy procesados habrían realizado vigilancias en los lugares de residencia de uno de los hombres, sin ninguna orden judicial. De manera simultánea fue interceptado de manera ilícita el teléfono de una las víctimas, para conocer todos sus movimientos.
En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y la mujer obligada a bajar con el supuesto de que presentaba inconsistencias en sus documentos.
El automotor siguió la marcha y kilómetros más adelante, en la estación de servicio de San Onofre, descienden las víctimas. En ese punto, al parecer, fueron retenidas de forma violenta y llevadas en carros oficiales vía a Lorica. A uno de los vehículos, según explica la Fiscalía, le habrían sido cambiadas las placas por unas falsas. En el camino, se presume que fueron amarradas, golpeadas y atacadas con armas de fuego, hasta causarles la muerte. Lea: Investigan el misterio: salió a comprar cigarrillos y terminó muerto
La Fiscalía tuvo en cuenta los análisis de las señales de los celulares de los nueve uniformados y los registros de las cámaras de seguridad, que los ubicaron en varios de los lugares recorridos por los dos hombres hasta el sitio exacto en el que abandonaron sus cuerpos, que fueron encontrados el 1 de julio de 2022.
Los siguientes son los nueve uniformados que un fiscal de Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó:
- Capitán Luis Alberto Regino Garnautt, exjefe del Gaula Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, ex subjefe del Gaula de Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Intendente Alexander Manuel Díaz Nader y patrullero William Enrique Rodríguez Socarrás, por los delitos de homicidio agravado y secuestro.
- Patrulleros Tomás Castro Vital y José Alejandro Gómez Coronado, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Patrullero Luis Min Benítez González, por el delito de homicidio agravado.
- Patrullero Guillermo Javier Muñoz Amaya, por los delitos de homicidio agravado, secuestro; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal. Lea también: Sigue la angustia: buscan a adulto mayor que cayó al Río Magdalena
- Patrullero Yimer Andrés Cruz Zúñiga, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por petición de la Fiscalía, los nueve integrantes de la Policía Nacional recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.