Los puestos de venta de apuestas y giros de la empresa Record fueron cerrados en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador. Hasta el momento se desconocen las razones verdaderas, pues no hay un pronunciamiento oficial por parte de la empresa de chances, pero se rumora que fue una orden de las bandas criminales.
De acuerdo con la información suministrada por algunos de los empleados de la casa de apuestas, hombres motocirzados les dieron un plazo de cinco minutos para cerrar los negocios, so pena de sufrir algún atentado en caso de no acatar la orden.
La Policía de Córdoba dijo que no ha recibido una denuncia oficial por parte de los directivos de la empresa. Sin embargo, diseñaron un acompañamiento especial a los puntos de ventas con el fin de garantizar la integridad de los trabajadores y usuarios.
Voceros de la institución señalaron que fueron los mismos directivos los que ordenaron el cierre de la empresa en las localidades mencionadas, pero no han denunciado formalmente las razones por las cuales tomaron la determinación, ni han señalado si son víctimas de extorsiones.
No es la primera vez que en el departamento de Córdoba ocurre una situación similar. En el año 2013 dejaron de operar 600 puntos en diferentes municipios de Córdoba, luego de conocerse un panfleto en el cual declaraban objetivo militar a la empresa Record, seguramente para presionar el pago de ‘vacunas’.
Para los habitantes esta situación puede ser el resultado de la disputa que mantienen miembros de las bandas criminales Clan del Golfo y Caparrapos, los cuales están peleando el dominio del territorio donde se adelantan actividades de cultivo, procesamiento y transporte de droga.
La situación en el sur de Córdoba es delicada por la presencia de actores armados. En los últimos días se han registrado desplazamientos por la confrontración entre miembros de bandas al margen de la ley.
Como se recordará, en el municipio de Puerto Libertador, cerca de 2.100 personas han salido de la zona rural y se han asentado en un campamento en el corregimiento de Juan José, luego de recibir amenazas por parte de actores armados, que los obligaron a abandonar la zona.
Pese a que en el lugar está la Fuerta de Tarea Aquiles, los campesinos advierten que las amenazas persisten y que no hay garantías para devolverse a sus terriotorios.
La situación se torna más grave aún con la presión que está recibiendo el sector comercial y las múltiples denuncias de extorsiones que están haciendo los ganaderos, cultivadores y finqueros de la zona, quienes viven bajo el control de los insurgentes.
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