Líder social, docente, veedor ciudadano sobre casos de corrupción, representante de la Asociación de Familias Mineras de Minas de Santa Cruz y excandidato a la Alcaldía del municipio de Barranco de Loba con el aval del Partido Verde. Ese era Jorge Manuel Ortiz Hernández, el segundo dirigente cívico que asesinan en el Sur de Bolívar en 21 días.
El martes 26 de mayo, a la 1 de la tarde, dos hombres en moto mataron al líder social y minero Edwin Emiro Acosta Ochoa en el corregimiento de Mina Seca, en jurisdicción de Tiquisio.
Las reacciones por la muerte de Ortiz Hernández, de 40 años, no se han hecho esperar. En su cuenta de Twitter, la Unidad Nacional de Protección rechazó el atentado contra Jorge Manuel Ortiz, calificándolo como un acto cobarde y asegurando que en el mismo hecho su escolta, Francisco Javier González Rocha, quedó gravemente herido.
También en esa red social se pronunció el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar. “Sudeb Rechaza el asesinato del líder Social y educador Jorge Manuel Ortiz en la cabecera municipal de Barranco de Loba. Exigimos de las autoridades y del señor Gobernador de Bolívar resultados en el menor tiempo”.
Por su parte, la Veeduría al Programa de Protección UNP, indicó en Twitter que “el líder social Jorge Manuel Ortiz, que fue asesinado en el departamento de Bolívar, tenía un esquema reducido por la UNP, solo contaba con un escolta, error grave en evaluación de riesgo”.
En su primer pronunciamiento sobre este hecho, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, repudió el hecho e hizo oficial que en el Consejo de Seguridad se establecerá una recompensa económica de hasta 30 millones de pesos a quien suministre información de los responsables del lamentable suceso que enluta al magisterio de Bolívar.
“Nos embarga el dolor, pero eso no nos hará dar tregua a los violentos. Solidaridad absoluta con nuestros líderes y con sus familias, no vamos a bajar la guardia porque sus vidas son sagradas y en Bolívar seguiremos haciendo todo lo que nos corresponde para protegerlos sin escatimar recursos en función del respeto a nuestros maestros” expresó Blel.
Jorge Ortiz era oriundo de Altos del Rosario, también en el Sur de Bolívar, pero se desempeñaba como docente en Barranco de Loba. El martes, a las 5:40 de la tarde, caminaba hacia su casa con su escolta Francisco Javier González por la calle Santander del barrio El Carmen, cerca del puente y frente al restaurante Brisas del Salto, cuando fueron abordados por dos hombres en moto.
Según testigos, Ortiz Hernández y su escolta fueron acribillados. El líder murió en el acto y su acompañante debió ser trasladado a un hospital en El Banco (Magdalena), donde aún permanece con pronóstico reservado. El cuerpo de Jorge Ortiz también fue trasladado a esa población.
“Él líder caminaba al lado de la vía principal, diagonal al Hospital de Barranco de Loba, y los pistoleros lo sorprendieron por la parte de atrás. Allí se produjo un cruce de disparos entre los sicarios y el escolta. Varios impactos de balas pegaron sobre la pared del restaurante Brisas del Salto. Las personas que estaban ahí tuvieron que tirarse al suelo para no ser alcanzadas por las balas”, relató un testigo a las autoridades.
La Policía de Bolívar informó, por su parte, que “estamos activando todas líneas de investigación frente a este hecho con el fin de establecer los móviles y las identidades de los presuntos autores materiales e intelectuales, con el fin de capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales lo más pronto posible.
“Esto permitiría esclarecer de manera precisa este caso; por lo que también invito a la ciudadanía para que nos brinden cualquier tipo de información que permita obtener de manera precisa las primeras capturas referentes a este hecho”, le dijo a El Universal el Comando de la Policía de Bolívar.
La Secretaría Departamental del Interior de Bolívar confirmó que el veedor y docente contaba con amparo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y era monitoreado como caso identificado como alerta temprana por parte del equipo interdisciplinario del Consejo de Seguridad de Bolívar, integrado por la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional y demás entidades.
El 26 de mayo, dos hombres llegaron a la casa de Edwin Emiro Acosta Ochoa en el corregimiento de Mina Seca, en jurisdicción de Tiquisio, y tras preguntar por su nombre, le dispararon varias veces. La víctima recibió tres balazos en la cabeza y otro en la espalda, muriendo en el acto. Edwin residía con su esposa y tres hijos, uno de ellos menor de edad.
Hace unas semanas, el Ministerio del Interior informó que, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, del primero de enero al 15 de mayo de 2020 se han verificado 25 homicidios a líderes sociales, mientras que Naciones Unidas reportó 27 casos.
Según el ministerio, la diferencia entre los casos reportados por el ente investigador y el organismo internacional radica en que uno de ellos respondía a la doble calidad: reincorporado y defensor de Derechos Humanos, y el otro se encuentra aún en revisión.
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