La incertidumbre reina en el cabildo indígena de Membrillal

22 de septiembre de 2019 12:00 AM

ENVIAR PÁGINA POR CORREO

Al llegar, observo a tres niños corriendo sin preocupaciones. Una pequeña lleva a Colombia en su vestido, un traje amarillo, azul y rojo. No veo mucha gente, la mayoría está resguardada en sus casas, de tablas y zinc. Hay una cancha de arquearías destrozadas, en el centro parece más bien un campo de lucha en lodo, lo mismo sucede con la calle principal. Veo a una señora moviendo un cucharón dentro un caldero y el humo de la leña, que ha ennegrecido toda la cocina, bailotea sobre su rostro. Hay un joven indígena, veintitantos años, sobre una hamaca a ras de piso, teje afanado una mochila de figuras rojas y blancas. Cerca hay una tienda, con no muchas cosas que ofrecer. Es el cabildo indígena Zenú, asentando en la finca San Isidro, en el corregimiento de Membrillal, es necesario atravesar unos dos kilómetros de una trocha empantanada para llegar ahí. Oculta, detrás de esa calma parca y vacía que se observa y se siente en el ambiente, hay más bien ríos de incertidumbre, porque la guerra que alguna vez los hizo escapar de sus tierras parece continuar hiriendo sus vidas, de una forma u otra. Como si alguno de esos disparos, alguna de esas balas que los hizo huir, desplazarse hace tantos años, los siguiera hiriendo lentamente en el tiempo a todos.

Por los menos eso pienso cuando escucho hablar a don Leovigildo Castillo, 64 años. Es o era el líder de todos (es algo que está por resolverse, por lo menos “legalmente”). Tiene sombrero, camisa roja, piel tostada y cabellos lacios. Parece un tipo sincero, serio, de esos para quienes la palabra vale todo el oro del mundo y que cualquier papel firmado. Le pido describa el lugar: “Aquí, en esta finca - afirma-, tenemos 10 años”. Me dice que la finca San Isidro tiene aproximadamente cuatro hectáreas. Cuando su comunidad llegó, ese sitio era como quien dice por ahí un “peladero”. Sufrieron mucho ese primer año, porque no tenían nada. Sin cultivos, no había comida.

¿Cómo vinieron a parar a este lugar?

- De donde venimos, de Sucre, teníamos 500 hectáreas de tierras que nos fueron quitadas por la guerra (...) El 1 septiembre de 2002 salimos desplazados de allá, a un hijo mío lo mataron, a un hermano también y a varios compañeros.

Y se remonta al principio, porque es necesario explicarlo: “Cuando nosotros entramos a esta finca, esta finca se arrendó, quien hizo ese negocio aquí fui yo. Pagamos un arriendo por millón 800 mil pesos, con opción de compra, eso fue hace diez años, en 2009, hasta el 2015, que los dueños nos dijeron que no la iban a arrendar más y las autoridades tampoco mostraron interés de compra”.

“De ahí para acá ha venido el problema de que quieren desalojarnos. Cuando ya nos mandaron al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la señora dueña del predio había fallecido. Fuimos a ver y aparecemos denunciados como invasores. Pero es algo que no fue porque nosotros quisimos, sino porque el Gobierno no hizo ninguna negociación y no tuvo voluntad política”, refiere.

El año pasado, en julio, sucedió uno de esos intentos de desalojo. Incluso, en el panorama se observan dos casas que ya fueron desarmadas, ante la inminente salida que tanto temen. El censo oficial de la comunidad dice que son 104 familias, más de 466 personas, entre ellas cerca de 30 niños, los miembros de este asentamiento.

Hay división

Más allá de la incertidumbre por ser desalojados, ahora hay división entre una comunidad que, a pesar de todo, siempre ha había mantenido unida. “Entramos aquí no con guerra, no nos metimos aquí a invadir ni nada de eso, sino que nos metimos con un contrato de arriendo, hoy nos encontramos otra vez con ante un desplazamiento forzado (...) A pesar de que tenemos medidas como comunidades especiales, hoy el Gobierno no nos tiene en cuenta si no para los atropellos”, es algo en lo que insiste Leovigildo.

“El día a día es duro, la gente pasa así como ve, algunos venden tintos, otros trabajan en fincas, este año ha sido el más crítico para nosotros, años atrás para este tiempo teníamos cosecha de cultivos y este año estamos pasando miseria, tanto los niños, como las mujeres y los hombres. Aquí sembramos maíz, yuca, berenjena para nosotros mismos, teníamos marraneras, gallinas, pollos. Ahora hay destrucción y miseria en esta comunidad (...) Le hemos pedido al PES (Plan de Emergencia Social) que venga ver la situación de los niños”, asegura tajante. Culpa de ello a las amenazas de desalojo, que mermaron las ganas de cultivar de la gente.

La comunidad Zenú se rige por su propio gobierno. Tiene capitán y alguaciles en su organigrama. Entre 2002 y 2017, Leovigildo fue el capitán de su cabildo, reelegido anualmente. Sin embargo, por votación, la figura de capitán pasó a ser ostentada por Roger Suárez en 2018. Pero hace algunos meses hubo un punto de quiebre en el que parte de la comunidad promovió la revocatoria del mandato del nuevo capitán. “El mando en este momento lo tenemos nosotros en mi persona. Acá se elige por voto a conciencia. Al capitán se le revocó el mandato por un problema que tuvo”, dice Leovigildo.

“Tenemos una organización creada con mucho esfuerzo. Estamos pidiendo que se reconozca la revocatoria y una consulta previa para elegir al nuevo capitán. Si las autoridades no nos escuchan, estamos convocando a una minga donde participarán todos los cabildos de Bolívar y de otros departamentos”. Es un asunto que ha llegado incluso hasta la Fiscalía y por el que existen tutelas y demandas penales. Y que debe resolverse, al igual que el traslado de la comunidad a otro lugar del que piden cumpla las mismas condiciones.

“El ambiente está mal. Las personas no siembran, porque vienen con el cuento que ya viene el Esmad, que nos van a tumbar las casas. Obvio que este predio no es de nosotros, pero no queremos que las cosas se hagan mal hechas, que nos reubiquen bien, nos quieren sacar de aquí y tiranos en cualquier lugar como un lote de ganado. Estamos pasando hambre y necesidad”, dice Bertha Banquet, otra habitante del cabildo.

***

“Siempre el sueño ha sido buscar un territorio para que viva en paz, con esa tranquilidad y esa colectividad que antes teníamos. Estamos diciendo no a la violencia, sí a la paz, que se calme la pelea y vamos a llegar a la consulta previa”, sostiene Leovigildo. La calma la veo en aquellos niños que van corriendo sin preocupaciones, con derecho a tenerla, pero también viene a ser aquella protagonista de una novela, agobiada, que sufre hasta el final, ojalá feliz. Y la incertidumbre es como la bala que no ha dejado de atravesar a esa calma que hace tanto tiempo perdieron.

En proceso
“Lo único que hemos hecho en todo este tiempo es buscarle una solución a esta comunidad”, explicó esta semana José Carlos Puello, secretario del Interior de Cartagena, en declaraciones a El Universal. La Alcaldía adelanta un proyecto para comprar una terreno para reubicar a las familias de cabildo, proceso que, según indica Puello, ha sido acompañado por Róger Suárez como capitán. En cuanto al proceso de revocatoria, manifestó que si bien informaron sobre el mismo, no ha presentado actas originales ni sustentaciones, ni pruebas, solo copias de firmas.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp

  • Videos
  • Mensajes
  • Fotos
  • Notas de voz

cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

LEA MÁS SOBRE Facetas

DE INTERÉS