Al defender el trámite de la ley de derechos de autor, la que consideró como la más cuestionada en el país, sin haberse dado su discusión , el Gobierno Nacional explicó los alcances del proyecto y la forma en que se podrá llegar a judicializar algún usuario de internet.La labor le correspondió a los ministros del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Tecnología de las Telecomunicaciones, Diego Molano, quienes intervinieron en el marco de una audiencia pública en la Comisión I del Senado, en donde se deberá aprobar.
El ministro Vargas dio las principales explicaciones:
La primera: Que esta norma se tramita en cumplimiento de un acuerdo que asumió Colombia al haber firmado tratados económicos internacionales con Estados Unidos y la Unión Europea, donde se impuso la protección a los derechos de autor. Al respecto aclaró Vargas Lleras que la ley está dirigida en especial a judicializar a quien utiliza, para un lucro particular, el contenido de una obra en internet y no le reconoce ingresos a quien la realizó.
Explicó que no es cierto que se vulneren los derechos fundamentales de la libertad de expresión, porque la ley no está dirigida a perseguir a los usuarios comunes y corrientes.
“No se criminaliza a usuarios que comparten contenidos, no va a enviar a la cárcel a quien comparta videos de You Tube. Tengan la claridad: no está orientada hacia los usuarios, ni al que los descargue, ni en Facebook. No está contenido en la tipificación”, declaró Vargas.
Y a renglón seguido detalló “a quien se pretende sancionar es a quienes publican y comercializan contenidos en internet y derivan lucro y se enriquecen con un trabajo que no es suyo”.
Frente a las cuentas de correo y las redes sociales Vargas sostuvo que no se hará seguimiento a los correos, ni se supervigilaran las cuentas ni a los prestadores de estos servicios.
Declaró que la ley es clara en decir que quien (usuario) se identifique dando un uso equivocado al reconocimiento de los derechos de autor en una obra, primero se les pedirá una autorregulación y luego sí se procedería a un proceso judicial.
Para Vargas, los proveedores del servicio de estas cuentas o espacios en internet sólo podrán cerrar su uso a los abusadores cuando un juez colombiano así se lo ordene, aunque precisó que la ley en la actualidad ya lo permite.
“No es verdad que se cree una policía en internet como se ha señalado, ni policía, ni nada parecido”, sostuvo Vargas, al insistir en que este proyecto, por la mala información de varios sectores, se ha presentado de manera equivocada, hasta el punto que consideró que esta ley ha sido más cuestionada que la misma ley de extradición, discutida hace ya más de 15 años en el Congreso.
Fue tal la insistencia en hacer claridad sobre esta iniciativa que en tono jocoso el ministro del Interior pidió que se le cambie el nombre como se identifica la misma, “yo les pido que la rebauticen, yo no soy hijo natural, yo soy Vargas”.
A esta ley se le denominó, desde que se presentó hace un mes, como la “Ley Lleras”.
ROY BARRERAS
A su turno el senador ponente Roy Barreras le pidió al ministro Vargas que se haga precisión en el texto del proyecto, porque en su opinión como está el artículo es muy ambiguo y dejaría abierto el alcance sancionatorio a cualquier usuario de internet.
Explicó que el proyecto es transversal al cumplimiento de los derechos fundamentales 15 (habeas data) y 20 (derecho a la información). Barreras además pidió precisar cómo tramitar la ley, si como una ordinaria o estatutaria.
Por su parte, el representante de Google en Colombia, Pedro Les, le pidió al Gobierno Nacional garantizar el cumplimiento a los derechos de autor, pero estimó que el proyecto como se ha redactado deja expuestos unos problemas en cuanto a la seguridad jurídica porque puede afectar el desarrollo de las plataformas.
También estimó que la vía de la restricción o sanción jurídica no es la de impedir el uso de la red a quien tenga algún problema, y manifestó que esta una solución extrema.