El proceso de reparación de víctimas del conflicto armado en Bolívar no tiene siquiera una fecha estimada de terminación.
Aunque según el alto consejero para Asuntos Públicos y Políticos de la Gobernación de Bolívar, Jaime Hernández Amín, “el Departamento es ejemplo nacional en la aplicación de esta ley”, advierte que si el Gobierno Nacional no desembolsa los recursos para las víctimas, la Gobernación seguirá sin herramientas para actuar.
“Hemos cumplido con todos los pasos para aplicar la Ley de Víctimas, incluso, creamos un capítulo especial en el Plan de Desarrollo para las víctimas”, explicó Hernández Amín, y añadió que, además, el plan de acción para la aplicación de la ley fue construido en conjunto con estas.
Lo que piden
El Alto Consejero afirma que las prioridades para las víctimas, además de la reparación, son oportunidades de trabajo.
Tulio Meza, víctima de Mampuján, y que hoy vive en Rosas de Mampuján conocido como Mampujancito, sostiene que la comunidad necesita proyectos productivos que la ayuden a estabilizarse económicamente.
“El gobierno departamental nos ha dicho que hay recursos para apoyar proyectos para el cultivo, por ejemplo, de ñame espino, pero consideramos que no son suficientes”, señala Meza, explicando que son cerca de 300 familias víctimas.
En ese sentido, pide la vinculación de las alcaldías municipales, incluso del Ministerio de Agricultura, para que sumen recursos y se proceda a brindar mejores condiciones a esta población.
“Estos proyectos productivos, además, deben tener un componente para la comercialización y programas para el mejoramiento de cosechas. El llamado es a hacer un proyecto integral que incluya todos estos elementos”, indica Meza.
Jaime Hernández sostiene que es de esperar que las poblaciones víctimas de la violencia busquen culpables. “La gente nos reclama, y esta administración asume las responsabilidades”, explica Hernández.
Agrega que la Gobernación de Bolívar ha llegado al límite institucional y administrativo en lo referente a gestiones para la aplicación de la Ley.
“Hemos cumplido con lo que debíamos hacer, incluso hemos conseguido recursos que no hacen parte de los destinados para la reparación, cerca de $4 mil millones de regalías, para poder desarrollar algún proyecto que beneficie a las víctimas”, destaca Hernández.
Proyectos
La Gobernación propone cuatro proyectos que abrirían paso a otros beneficios para las poblaciones desplazadas por la violencia.
El primero es un proyecto de artesanos en el que madres cabeza de familias víctimas de los Montes de María se capacitarán, con la colaboración de reconocidos diseñadores en la elaboración de artesanías.
Los materiales, fábrica y herramientas para su manufactura serán entregadas por la Gobernación, y se abrirán espacios para su comercialización.
“Gestionamos, incluso, que las candidatas al Concurso Nacional de Belleza desfilen con estas artesanías, con el fin de mostrar que las víctimas son capaces de producir, y que no se vean con recelo o como personas rezagadas”, explica el funcionario departamental.
Simultáneamente, se desarrollaría un convenio con el Centro Colombo-Americano para implementar el bilingüismo en las artesanas.
“Queremos que las víctimas se apoderen de los espacios comerciales también manejando el inglés para tener mejor contacto con turistas, aumentar utilidades y crear más trabajo”, explica Hernández Amín.
Socialización
Los otros dos proyectos son referentes a la socialización de la Ley de Víctimas entre la comunidad desplazada para que conozca a qué tiene derecho y entre los funcionarios departamentales para apropiarse de los procesos a seguir para la reparación, y evitar que “avivatos” se aprovechen de las víctimas cobrando trámites innecesarios.
Por otra parte, se prevé la construcción de un museo de memoria histórica en El Carmen de Bolívar, que recogerá fotos, documentos y videos que “recuerden lo que pasó y lo que no debe volver a pasar”.
El Alto Consejero para Asuntos Públicos y Políticos hace un llamado a la agilización de los procesos por parte del Gobierno Nacional porque esta demora expresa conlleva “a que resurja la violencia”.
“En el tema de la restitución de tierras ya hay encapuchados, que no son ni Farc ni paramilitares, contratados por quién sabe quién para amenazar a la población y detener su lucha por las tierras”, puntualiza Hernández Amín.
“Queremos al Gobernador”
Aunque las víctimas reconocen el acompañamiento del Gobierno Departamental en el pro-ceso de aplicación de la Ley de Víctimas, piden que el gobernador Juan Carlos Gossaín se apropie de la situación y haga presencia en las mesas de trabajo.
“Ellos vienen muy responsablemente a las reuniones, pero queremos que el Gobernador llegue a esos comités para comprometerlo y que tome el liderazgo para el cumplimiento de la Ley y de las sentencias”, expresa el líder comunitario Tulio Meza.
Solicita también la intervención del Gobernador ante el Ministerio de Vivienda para que la comunidad de Mampuján pueda acceder a subsidios de vivienda.
Para Jaime Hernández, las regiones deberían tener más autonomía en la gestión y los re-cursos para atender las necesidades de las víctimas sin depender de la dinámica nacional.
“Si no se delega más poder en las regiones, la ejecución de políticas públicas será muy lenta y se afectarán 500 mil víctimas”, concluye.
En Cartagena
La Secretaría del Interior, en cabeza de Nausícrate Pérez Dautt, es la encargada de desarrollar las rutas de acción para aplicar la Ley de Víctimas en Cartagena.
“En la ciudad hay unas 75 mil víctimas, y se está llevando a cabo el proceso de caracterización para dar paso a la reparación”, señala Pérez Dautt.
Informa que el Gobierno Distrital ha solicitado a la Nación cerca de 20 mil millones de pesos para este año, y espera que antes de que finalice el 2012, las primeras víctimas sean repa-radas.
Exigiendo reparación
Mampuján, El Salado, Macayepo, Las Brisas, Las Palmas, Bajo Grande, San Pablo y San Cayetano son las poblaciones más afectadas por el desplazamiento forzoso y otros problemas generados por el conflicto armada en los últimos años.
En diciembre de 2011, las víctimas de Mampuján y Las Brisas marcharon desde Marialabaja hasta Cartagena para exigir el cumplimiento de la sentencia que reconoce sus derechos a una reparación integral colectiva e individual. (En calma, marcha por la reparación colectiva de Mampuján y Las Brisas)
En esa ocasión, cerca de 1500 personas arribaron a la ciudad esperando una respuesta de parte del Gobierno
Regional
Ley de Víctimas está paralizada en Bolívar
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