Si de algún delito podría acusarse penalmente a Piedad Córdoba, por cuenta del incendiario discurso que pronunció ante los indígenas del Cauca a comienzos de julio en la población de Miranda, es de presunta calumnia.
En efecto, de toda la anacrónica, disparatada y provocadora y provocadora arenga, en la que se mostró de acuerdo con su resistencia a los grupos armados ilegales y a los militares, llamó a la revocatoria del Congreso y del presidente, la única afirmación que podría justificar un eventual procesamiento judicial en su contra es la acusación al Ejército de estar poniendo minas antipersonales.
Lo demás es el típico, retórico y grandilocuente discurso de izquierda que fustiga al “imperialismo yanqui”, las políticas del presidente Santos y la presencia militar en cualquier parte del país, que difícilmente pueda ya convencer a una ciudadanía más formada y más escéptica.
Como la gran mayoría de colombianos, consideramos que esa arenga está llena de opiniones irresponsables, contrarias a la razón y a la democracia, escandalosas e indignantes, más aún si tenemos en cuenta su constante proselitismo en favor de algunas marchas de protesta que parecen llevar el sello de las Farc, su admiración y cercanía a Chávez y su justificación de algunas acciones de la guerrilla.
Pero ninguna de estas afirmaciones supone una violación al Código Penal porque en Colombia no existe el delito de opinión, y sólo si se prueba que sus nexos con las Farc van más allá de simpatías ideológicas, promoción pública de sus planteamientos, y críticas agudas y fuertes al Gobierno, el Congreso y las instituciones –por ejemplo, que sirve de correo entre los distintos frentes o conoce de antemano dónde y cuándo atacarán a sangre y fuego–, podría ser legítimo abrir un eventual proceso en su contra.
Su acusación al Ejército de estar poniendo minas antipersona puede desvirtuarse fácilmente, ya que las Fuerzas Militares tienen los ojos del mundo encima al ser Colombia signataria de la Convención de Ottawa, y podría calificarse de calumnia, del cual se le puede acusar, y los eventuales cargos contra ella estarían de antemano respaldados con la evidencia incontrovertible del video.
Sólo si aceptara retractarse públicamente, acabaría el proceso contra ella, que entre otras cosas, podría servir a sus contradictores para minar su credibilidad.
Por el contrario, los anatemas e imprecaciones del ministro de Defensa, el procurador y connotados líderes políticos pidiendo una condena anticipada minan un poco la autoridad moral de las instituciones democráticas colombianas ante la comunidad internacional y no sería raro que empecemos pronto a ver pronunciamientos al respecto.
Lo más serio y democrático sería considerar sus explosivas arengas como lo que son, un ejercicio de retórica, y concentrarse en controvertir penalmente lo único de su discurso que puede considerarse presuntamente delictivo.
De otra manera, lo que se logra es poner su nombre en el primer plano noticioso y en boca de la opinión pública, es decir, promocionar sus tesis.