El agente de Venezuela, Germán Saltrón, manifestó hoy miércoles que el estado venezolano podría desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso presentado por el exalcalde Leopoldo López Mendoza por su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el 2014.
“Cualquier fallo que dicte la Corte tiene que ser considerado por la Sala Constitucional y si la Sala, que es la máxima instancia del Tribunal Supremo de Justicia, decide que la decisión es ejecutable en Venezuela, se ejecuta, de lo contrario no tiene aplicación”, dijo Saltrón en una improvisada rueda de prensa.
Aunque las sentencias de la CorteIDH son de acatamiento obligatorio para los Estados, Saltrón sostuvo que “no son de obligatorio cumplimiento”, en el caso de que la sentencia no sea avalada por la Sala Constitucional.
Insistió en que el caso de López es político y culpó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por llevar al tribunal demandas de ese tipo.
“La Corte recibe demandas de la Comisión y si la Comisión emite casos políticos que no están bien sustentados pone en aprietos a la Corte”, agregó en declaraciones al finalizar dos días de audiencia pública en el caso de López, quien había presentado testimonio el martes.
Antes en la sesión, la otra representante estatal Mónica Gioconda Misticchio advirtió a la CIDH: “escojan bien los casos o va a quedar en evidencia que la Comisión está totalmente parcializada contra Venezuela”. Los delegados de la Comisión no se refirieron al tema y reiteraron que la razón para la demanda está en que “no hay salvaguardas” para eventuales casos de aplicaciones antojadizas de las inhabilitaciones.
Saltrón explicó que no es que esperan un fallo favorable al Estado “sino que (los jueces) en verdad tomen en consideración todas las pruebas presentadas porque a veces en algunos casos no es así” e reiteró que esperan “que la decisión sea jurídica y no política”.
A pocos metros en la misma sala López manifestó estar “muy tranquilo de haber sido escuchado en un tribunal con jueces imparciales” y consideró que “quedó en evidencia la arbitrariedad y la manera discrecional como se aplican las inhabilitaciones”.
“Me sentí de alguna manera liberado porque después de muchos años pidiendo justicia, por el solo hecho de poder presentar nuestros alegatos fue muy enriquecedor... en lo personal me dedico a la política y esa es mi vocación. Este proceso me enriqueció mucho”, agregó.
Dijo confiar en que una eventual sentencia le restituya sus derechos políticos para poder “nuevamente presentarme a los venezolanos como una opción de cambio en la funcion pública” pero también que se extienda a otras 575 personas más que fueron inhabilitadas.
La audiencia se realizó a sala llena y cuando Saltrón hizo comentarios como “Venezuela tiene la Constitución más avanzada del mundo en derechos humanos” o, “en Venezuela no se ha cerrado ningún medio de comunicación” el público reaccionó, provocando que el presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayán, pidiera silencio y orden.
La Corte dio plazo al 2 de abril para la presentación de los alegatos por escrito y daría a conocer su fallo en un periodo de tres a seis meses.
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Venezuela no asegura cumplimiento de fallo de CorteIDH
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