Se trata de Claudia Blanco Gómez, quien presentó el recurso en contra de la Gobernación de Bolívar, “para que se protejan los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas (...) y prevención de desastres”. (Lea: Cráteres en variante Bayunca-Vía del mar)
Según la accionante, la mencionada variante presenta, desde hace más de 10 años, grave deterioro en sus ocho kilómetros de longitud, lo que se convierte en un notable obstáculo para los vehículos, toda vez que se trata de una arteria nacional, y la Gobernación de Bolívar ha evadido sistemáticamente su arreglo.
Asimismo, Blanco Gómez asegura que la carretera viene produciendo graves accidentes, sobre todo en épocas de lluvia y en la noche, debido a que los conductores no logran avistar a tiempo los grandes huecos que padece la vía.
Las comunidades de Bayunca y Pontezuela, de donde deben movilizarse diariamente estudiantes y trabajadores, se ven seriamente afectadas por el estado de la vía, ya que los conductores del servicio público se resisten a usarla en procura de cuidar sus vehículos.
Esas mismas comunidades se han visto en apuros durante las inundaciones invernales, debido a que la vía se cierra y los damnificados y heridos deben se trasladados por vías alternas, que se congestionan y hacen lenta cualquier emergencia.
Aparte de que la Gobernación de Bolívar tome las acciones pertinentes para el arreglo de la vía, la accionante pretende que se ordene al Departamento la creación de un comité conformado por nativos de Pontezuela, Bayunca, el Consejo Territorial de Negritudes, inspectores de policía de ambas comunidades, directores de escuelas privadas y propietarios de inmuebles que se encuentren en la zona de influencia.
El objetivo del comité sería realizar seguimiento al proceso contractual que inicie la Gobernación.
Asimismo, la accionante desea que se le ordene al Departamento la realización de informes bimestrales del inicio y avance de las obras públicas desarrolladas, los cuales se dirigirán a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la comunidad en general.
Por su parte, Yolanda Vega, jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Bolívar, manifestó que aún no ha sido notificada sobre la admisión del recurso de tutela, pero que en cuanto tenga la información se dará la correspondiente respuesta.
