Por informaciones de la Alcaldía de la Localidad 1, se supo que el fin de semana pasado los ocupantes trataron de invadir los terrenos del Instituto Ecológico de Barú, pero fueron desalojados pacíficamente por agentes de la Policía Metropolitana.
Posteriormente, llegaron hasta el sector La Laguna y demarcaron fragmentos de tierra y levantaron cambuches con estibas y láminas de zinc.
El sector conocido como La Laguna, en Santa Ana, es un territorio extenso del cual una parte es un cuerpo de agua que sirve de abrevadero para el ganado vacuno de algunas familias.(LEA: Nativos quieren convertir a Barú en municipio especial)
La otra parte del terreno, que normalmente permanece seco, fue ocupado por los invasores, lo que produjo un conato de enfrentamiento con los miembros de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, ya que, según los gestores cívicos, el lote pertenece a la comunidad y allí se planeaba construir un polideportivo.
Cristóbal Ortega González, presidente de la JAC, explicó que, en vista de las negativas de los ocupantes por abandonar el terreno, se estableció un acuerdo que consiste en una especie de préstamo del mismo, mientras se hacen gestiones ante el Gobierno Distrital para lograr que el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) organice un plan de vivienda donde reubicar a las 130 familias.
Problema de
hacinamiento
Edilberto Matorel Torres, quien se identificó como el presidente de una nueva JAC que se piensa fundar en La Laguna, dijo que una parte de las 130 familias vive de la pesca, mientras que el resto son artesanos que viven del turismo, pero otro tanto son desempleados.
Anotó que esas personas hacen parte de otra gran problemática de la isla de Barú, que es el hacinamiento, pues la mayoría de la población carece de vivienda propia, por lo que en una casa paterna pueden convivir hasta cinco familias.
Esos presuntos desposeídos afirman que decidieron invadir una hectárea de La Laguna, por una parte para por fin tener una vivienda propia; y también porque el terreno se había convertido en basurero y letrina pública, además de receptor de aguas servidas de las viviendas cercanas.
Pese a que la mayoría vive de la pesca y el turismo, según el dirigente cívico, ninguno gana como para comprar un terreno siquiera de seis metros de fondo por cinco de frente, que en Barú podría costar unos 10 millones de pesos, aproximadamente, cuando el ingreso regular de una familia no pasa de 15 mil pesos diarios.
El alcalde de la Localidad 1, Mauricio Betancourt Cardona, anunció que hoy en la mañana visitará la zona en compañía de las fuerzas antimotines de la Policía Metropolitana, “puesto que ese tipo de presiones no pueden aceptarse en un estado social de derecho como el nuestro. Si fuera así, tendríamos que darle casa a todo el que decida invadir un terreno público o privado”.
Asimismo, señaló que los planes de vivienda y reubicación que en estos momentos el Distrito tiene pendientes son para los damnificados por las lluvias, proceso que todavía tiende a demorarse.
En la tarde de ayer, algunos efectivos de la Policía estuvieron en la zona, pero hasta el cierre de esta edición no se supo de enfrentamientos con los ocupantes.
