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Piden nuevo examen grafológico en caso del Palacio de Justicia



El ministerio público objetó por error grave el dictamen grafológico del CTI, del que dice tiene vicios de ilegalidad, análisis insuficiente en el cotejo de firmas y fragilidad en los fundamentos técnicos en los que basó el concepto.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá que ordene realizar un nuevo dictamen grafológico a la firma de un testigo clave en el caso del Palacio de Justicia: Édgar Villamizar Espinel, quien podría haber sido suplantado por alguien que firmó como Édgar Villarreal. El ministerio público objetó un estudio ya realizado, por “errores graves”.

Para la Procuraduría, el dictamen del CTI tiene graves falencias, que imponen la necesidad de un nuevo peritaje “el cual debe ofrecer respuesta plena y satisfactoria a los originarios postulados de transparencia y búsqueda de la verdad que gobiernan los fines de la administración de justicia”.

El peritaje había sido ordenado por el citado juzgado dentro del proceso que se adelanta en contra del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, y otros, por la desaparición de personas durante la toma por la guerrilla y retoma por el Ejército del Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985.

El juzgado había ordenado el cotejo de la firma dudosa de “Edgar Villareal” obrante en el proceso, con varias muestras de documentos que cursan en distintos formatos, entre ellos, la hoja de vida de Édgar Villamizar Espinel y 17 folios de muestras tomadas a Villamizar en la declaración que rindió en el juzgado de conocimiento.

No obstante, la Procuraduría encontró que esos documentos no fueron examinados por el perito, “sino que se limitó el estudio a tres firmas, dos de ellas obrantes en la hoja de vida y una firma originada en un documento desconocido para el proceso y los sujetos procesales, aportada por la Fiscal que instruyó el proceso, en la indagación que adelanta el ente investigativo”.

De acuerdo con el ministerio público hay tres errores en el dictamen. En primer lugar, un vicio de legalidad porque el documento en el que se registra la firma analizada no era conocido por las partes en el proceso y, al parecer, es una copia de una declaración cuestionada.

Para la Procuraduría, como segundo argumento, hubo insuficiente análisis, porque supuestamente el perito nada dijo acerca de otra cantidad de muestras sobre las que se ordenó el cotejo y, finalmente, ese despacho cree que la exposición en el dictamen que realizó el perito es insuficiente.

“El perito no construyó su dictamen con argumentos que revistan la fuerza y profundidad técnico - científica requerida para arribar a las conclusiones adoptadas, por tanto fue generalizado y no avanzó al detalle e individualización de rasgos verdaderamente característicos que permitan arrojar conclusiones como la que describió en su estudio”, consideró la Procuraduría.



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