Se acerca la temporada turística, y los últimos casos reportados de abuso a turistas dejan mucho que desear de la imagen que se está dando de la ciudad. Cartagena está entre las tres ciudades donde más sanciones por fraudes a turistas se colocan en el año, la acompañan Santa Marta y San Andrés.
Según la Superintendencia delegada para la protección del consumidor, durante el 2017 fueron impuestas a nivel nacional 79 sanciones por fraudes a turistas, lo que representa un incremento del 192% en comparación con las que se impusieron durante el año 2016.
Además, Cartagena aparece como la ciudad donde más fraudes hoteleros se cometen, al no entregar la información completa a los visitantes, como precios o servicios con los que cuentan los hoteles.
El turismo, que por ser dinamizador de la economía, ha quedado relegado a entidades privadas, dejando de lado el control sobre las actividades informales que inciden en gran manera en la relación que tiene los visitantes con la ciudad.
Acoso y cobros excesivos
Estar en una playa de la ciudad, es sinónimo de ser acosado por multitud de vendedores que muchas veces, se quejan ante la negativa de que un turista no quiera aceptar sus productos.
Una de las quejas más frecuentes, ocurre con las masajistas, quienes comienzan a acariciar el cuerpo de los bañistas bajo el pretexto de que es una prueba de masajes totalmente gratuita, pero que después quieren que se les pague.
Hace un año, a través de la alcaldía, la ciudad conoció la lista de precios de los servicios que se ofrecen en playas y que tendría lugar en toda la jurisdicción.
Dentro de los valores establecidos, se encuentran: alquiler de carpa sencilla con dos sillas $15.000, una silla o mesa plástica $4.000, mojitos, cócteles y piña colada $15.000, jugos naturales $4.000, gaseosa y agua $3.000 y cervezas desde $3.000 hasta $4.000.
El personero distrital, William Matson, advirtió que la Alcaldía Mayor de Cartagena no puede fijar los precios de los bienes que se ofrecen en las áreas turísticas, sí está facultada para ejercer un control sobre la manera como se atienden los turistas, garantizando que los comerciantes les informen de antemano a sus clientes el servicio que ofrecen y su costo.
(Lea aquí: Por abusos a turistas, Personero conmina al Consejo de Protección al Consumidor)
Además, existe un problema con los vendedores que no carecen de establecimientos reglamentados pero aún así ofrecen servicios de alimentación y bebidas, y que representan la mayoría de los casos de abusos denunciados.
Estos vendedores, con su carisma e insistencia, terminan por convencer al turista desubicado de consumir sus productos, los cuales en varios casos, terminan con sobrecostos.
La alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris dijo que para esta temporada turística que ira hasta el 8 de agosto, se tiene dispuesto un grupo élite que se encargará de tener el control de los precios para que los turistas estén contentos y disfruten de las bondades que ofrece la Cartagena turística.
Sin autoridades confiables
A cualquier persona que le ocurra un hecho de abuso, se preguntará dónde denunciar, y la respuesta más lógica es la Policía, sin embargo, no es competencia de esa entidad velar por los abusos con cobros excesivos, por lo que no encontrará respuesta alguna.
Cuando se presentó la lista de precios que se deben manejar en las playas de la ciudad, también se habló de que en caso de no cumplimiento de los precios, los afectados podrían colocar la denuncia en las oficinas de la Alcaldía Local y en la Secretaría del Interior, donde se harían las verificaciones del caso.
Pero, sin falta de instrucciones, ni avisos, y mucho menos control, es casi un imposible que un turista conozca esta información, y de cualquier acto, como un simple hecho que se debe olvidar antes de entrar en un trámite engorroso.
En el último caso reportado, de los 5 jóvenes estadounidenses que les cobraron $550.000 por 12 bebidas, uno de ellos manifestó que en otra ocasión, también se les había presentado un caso de abuso y al acudir a la Policía por ayuda, un patrullero al parecer le solicitó dinero para solucionarle el problema.
¿Es necesario crear una Secretaría de Turismo?
Ante las problemáticas conocidas, sale de nuevo a la luz el viejo debate de la creación de una Secretaría de Turismo.
Destinos turísticos del país como San Andrés y providencia, el Valle del Cauca, Antioquia, tienen una Secretaría de Turismo que se encarga de poner orden a uno de los sectores que más ingresos generan de tal manera que el turista se sienta protegido y se preserven los recursos.
Hace un año, cuando Sergio Londoño Zurek estaba a cargo de la ciudad, anunció que se crearía una Secretaría de Turismo, con el fin de poner orden en el sector y que la ciudad fuese mucho más competitiva.
“Si nosotros no tenemos una autoridad turística nunca vamos a poder velar por el turismo de forma concentrada y ordenada, nunca vamos a poder velar por los intereses de todos los que integran el sector", dijo Zurek, en aquel momento.
Sin embargo, su tiempo en la alcaldía terminó y esta dependencia no se creó, ya que debía ser presentada al Concejo. En su balance final, sugirió al alcalde no descartar la idea, “se puede quitar la participación del Distrito en Corpoturismo y crear una Secretaría de Turismo y Cultura. En cuanto al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) su división de Patrimonio puede pasar a la Secretaría de Planeación y la parte cultural se adhiere a la Secretaría de Turismo”.
Esta se podría considerar la solución para que hay una regulación y sobretodo un control de la actividad turística, para que no se sigan presentando los casos de abusos que pueden terminar alejando a los visitantes sin deseos de regresar.
Por su parte, la Corporación de Turismo, solo se encarga de promocionar a la ciudad como destino tanto nacional como internacionalmente.
Malas prácticas a nivel nacional
$5.474.444.007 fue el monto de las sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio al sector turístico entre 2016 y 2017.
Las sanciones más comunes son: ilegalidad en la prestación de servicios, publicidad engañosa e infracción de las normas que regulan la actividad turística.
Las sanciones se incrementaron en un 192% con respecto al 2016. El 64% corresponde a violaciones de la Ley General de Turismo y el 36 % restante, fueron por incumplimientos al Estatuto del Consumidor.
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