Con todas las incomodidades que supone recibir clases en la sala de una casa y no en un aula de escuela, gran parte de los estudiantes de la Institución Educativa de Ballestas, corregimiento de Turbana, culminaron su año escolar en noviembre de 2016.
Ahora, cuando en poco más de un mes se iniciará el calendario académico de 2017 en las instituciones oficiales de Bolívar, los estudiantes y sus padres no tienen certeza en qué lugar continuarán las clases.
El año pasado, más de 600 estudiantes tuvieron que cumplir sus jornadas escolares reubicados en otra sede o en viviendas del corregimiento, que fueron arrendadas para habilitarlas como aulas transitorias, mientras terminaba la reconstrucción de la escuela, iniciada desde 2014. Para esas obras, cuyo propósito era convertir a la institución en un megacolegio, la Gobernación de Bolívar adjudicó un contrato por más de $3 mil millones a la firma Olt Logistics SAS, la cual incumplió, por lo que el contrato fue liquidado y a la fecha las obras siguen detenidas, sin haberse logrado si quiera un avance del 50 por ciento. (Lea aquí: Cancelan contrato a empresa por incumplir construcción de colegios)
Sumado a eso, los propietarios de las viviendas que funcionaron como aulas transitorias alegan que les adeudan el pago por arriendo, por lo que no están dispuestos a ofrecer sus servicios este año.
“No sabemos donde serán las clases este año, no se ha visto que vayan a continuar con las obras en el colegio y los dueños de las casas ya no las quieren alquilar porque les quedaron debiendo. Se ha escuchado que supuestamente las clases serían en un colegio en Turbana, pero si es así, mis hijos se quedan sin estudiar este año, porque no tengo plata para pagar un transporte que los lleve hasta allá y mandarlos solos es muy peligroso”, dijo una madre preocupada.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Consultada sobre el caso, la secretaria de Infraestructura del departamento, Hortensia Borge, recordó que el contrato a la firma encargada de la construcción se liquidó el año pasado, imponiéndose una sanción por el incumplimiento que no fue justificado.
“Hicimos toda la liquidación unilateral, debidamente como dice la ley, por eso nos demoramos un poquito, porque no escatimamos cuidados en el debido proceso, ya que cualquier error puede afectar aún más. Todo este proceso de la liquidación se envió a la aseguradora porque ellos también deben responder”, señala.
Y aunque la aseguradora aún no ha emitido respuesta, Borge indica que para evitar mayores demoras en el trámite, la situación fue comunicada a órganos de vigilancia.
“La semana pasada hicimos una actualización del presupuesto y esta semana nos daremos a la tarea de buscar la disponibilidad de los recursos para sacar lo más pronto posible el trámite de contratación y terminar las obras como es debido. El proceso de contratación normal puede tardar unos 45 días, pero en este caso, se están agilizando las gestiones con el fin de contratar lo más pronto posible porque se aproxima el inicio del calendario escolar”, dijo.
DEUDA DE ARRIENDO
Entre el 25 de enero de 2016 hasta finales de noviembre de ese año, unas 12 viviendas del corregimiento funcionaron como aulas transitorias y para ello, la alcaldía de Turbana pactó con los propietarios el pago de $150 mil mensual. Sin embargo, el año cerró con una deuda de cinco meses de arriendo a cada propietario.
Manuel Azuero, secretario de Educación de Bolívar, explicó que aunque la responsabilidad en el pago del arriendo a las viviendas corresponde a la administración municipal, la Gobernación lo asumió “con el fin de terminar el año escolar”.
“Nos comprometimos con cancelar lo que se adeuda a las personas que alquilaron sus viviendas para el desarrollo de las clases, responsabilidad que asumimos sin que nos correspondiera, eso le corresponde es al alcalde (Senen Castillo) que recibe dineros por calidad educativa y él se hizo responsable de esos dineros para los pagos de los arriendos. No nos hemos sustraído de eso, estamos evaluando de dónde podríamos obtener los recursos para el pago”, manifestó Azuero.
El funcionario aclaró que el alcalde y el rector de la institución deben definir si para este año habrá un nuevo sitio en el que los alumnos puedan recibir sus clases o si asumen el pago de los arriendos de las viviendas con dineros de los fondos educativos, “porque la Gobernación no tiene ningún rubro para eso”.
Este medio intentó contactar al mandatario de Turbana, pero no respondió los llamados.
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