El 2026 no comienza en blanco. Comienza en un mundo marcado por la incertidumbre, la fragmentación y el reajuste de las reglas económicas globales. Las tensiones geopolíticas, la redefinición de las cadenas de suministro, el encarecimiento del financiamiento y la presión por transiciones productivas más sostenibles están cambiando la forma en que compiten los territorios y sobreviven las empresas.
En ese contexto, la pregunta clave para Cartagena y Bolívar no es si el entorno es desafiante —porque lo es— sino qué tan preparados estamos para movernos dentro de él.
Colombia inicia 2026 con una economía que busca recuperar ritmo, en medio de un crecimiento moderado, debates fiscales complejos y un clima político que sigue exigiendo señales claras de estabilidad, confianza y reglas de juego previsibles. Para las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, este escenario se traduce en mayores exigencias: ser más productivas, más formales, más resilientes y mejor conectadas a los mercados.
Por eso, este no puede ser un año de improvisación. Debe ser el año de consolidar la movilidad empresarial como eje del desarrollo económico territorial.
Hablar de movilidad empresarial es reconocer una realidad incómoda pero necesaria: no todas las empresas parten del mismo lugar ni enfrentan las mismas barreras. Mientras algunas buscan internacionalizarse o innovar, otras aún luchan por ordenar su contabilidad, acceder a crédito o formalizarse. Pretender soluciones uniformes en un entorno tan diverso no solo es ineficiente, es injusto.
La experiencia reciente nos dejó lecciones claras. La informalidad, el bajo acceso al financiamiento y las brechas de productividad no se resuelven con discursos ni con programas aislados. Se enfrentan con diagnóstico, acompañamiento sostenido y una institucionalidad que entienda el territorio. Herramientas como el Diagnóstico Único Empresarial y la Ventanilla Única Empresarial no son trámites: son instrumentos para tomar mejores decisiones y construir rutas reales de crecimiento.
En un mundo donde la competitividad se redefine por la capacidad de adaptarse, la formalización deja de ser un requisito administrativo y se convierte en una condición estratégica. Es la puerta de entrada a la financiación, a los mercados, a la innovación y, sobre todo, a la sostenibilidad empresarial.
2026 también exige una Cámara más integrada, más simple y más cercana. Una institución moderna no se mide por la cantidad de programas que lanza, sino por su capacidad de articularlos, de simplificar la experiencia del empresario y de generar confianza en cada interacción. En tiempos de incertidumbre, la confianza institucional es un activo económico.
La regionalización seguirá siendo una apuesta estructural. En un país con profundas desigualdades territoriales, llegar a los municipios no es un gesto político, es una decisión de competitividad. Los Centros Integrales de Servicios Empresariales —físicos, móviles y virtuales— y el uso estratégico de información territorial permiten diseñar soluciones más precisas y políticas empresariales con impacto real.
Finalmente, este será un año en el que la articulación entre el sector público, el privado y la academia no será opcional. En un entorno global volátil y una coyuntura nacional exigente, ningún actor puede avanzar solo. La competitividad se construye cuando el territorio comparte visión, coordina esfuerzos y apuesta por el largo plazo.
2026 no es el año de empezar de cero.
Es el año de consolidar lo aprendido, escalar lo que funciona y acompañar a las empresas en su tránsito hacia un futuro más productivo, formal y sostenible. Porque en un mundo que se reconfigura, los territorios que avanzan son los que logran que sus empresas también se muevan.