Mario Feliz Monsalve, contralor distrital de Cartagena, confirmó a El Universal que el viernes 4 de mayo este ente de control emitió una función de advertencia en la que da un plazo de cinco días a Transcaribe para que explique qué medidas va a tomar para evitar que se agudice el deterioro de las estaciones del sistema.
El Contralor de esta capital afirma que el plazo empieza a correr a partir de hoy y que lo que se pretende es cuantificar los daños sufridos por estos paraderos y establecer si en este caso se configura o no un presunto detrimento patrimonial.
El ente de control anuncia que próximamente iniciará además un estudio detallado del estado de los paraderos.
PREOCUPACIÓN
La preocupación de la Contraloría es compartida por muchos cartageneros que se preguntan si cuando se estrene Transcaribe aún quedará algo de las estaciones construidas para los pasajeros de este sistema.
Y es que pese a tener poco tiempo de construidas, muchas de estas estructuras han sido desvalijadas por habitantes de la calle, que poco a poco han arrancado puertas, ventanas, cables, tuberías, lámparas y demás elementos que pueden ser revendidos en chatarrerías.
Esta situación se debe a que desde enero de este año las estaciones no cuentan con vigilancia alguna y ni siquiera tienen candados que impidan la entrada de personas.
Además de saquearlas, las estaciones son utilizadas como refugio por decenas de indigentes, quienes incluso tienen cobijas y colchonetas que les sirven para descansar a cualquier hora del día o la noche.
NADA RESUELTO
Aunque según Transcaribe la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a varios de los responsables de los robos en los paraderos, el saqueo de las mismas no cesa y la solución al problema aún parece lejana.
Enrique Chartuni González, gerente de Transcaribe, reconoce que no se ha podido llegar a un acuerdo con la empresa ganadora de la licitación del recaudo del sistema para que se haga cargo de las estaciones.
La razón es que esta firma es consciente de que la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) tardará algunos meses más y ese tiempo de espera significaría gastos altos de mantenimiento de estos paraderos.
“Por el momento la Policía nos está colaborando mucho y esperamos poder contar muy pronto con vigilancia privada”, asegura el funcionario.
Las de La Castellana, Los Ejecutivos, María Auxiliadora y las del Centro Histórico son las estructuras que menos daños han sufrido, al parecer porque están en zonas más concurridas y vigiladas.
FALTAN ESTACIONES
El Gerente del macroproyecto afirma que “aún tenemos que licitar la construcción de dos estaciones más en Bazurto, que serán las más grandes del sistema y tendrán un costo aproximado de $4.000 millones”.
Aclara que “estos paraderos no pudieron ser construidos por el mismo contratista que hizo el resto, dado que las obras en este sector aún no están terminadas y el contrato de construcción de estaciones fue liquidado hace un tiempo”.
Indica que en el contrato de las estaciones de Bazurto podrían incluirse las reparacio-nes de las estructuras dañadas, cada una de las cuales demandó en promedio una inver-sión de $1.800 millones.
Transcaribe considera que es mejor esperar a que se aproxime la puesta en marcha del SITM para hacer los arreglos, dado que si se hacen antes las estaciones podrían ser desvalijadas nuevamente.
CONTRATISTA CUMPLIÓ
El Consorcio Santa Catalina, encargado del montaje de las estaciones, informa que estas fueron terminadas y entregadas a Transcaribe los días 19 y 20 de diciembre de 2011.
“De igual manera, es necesario precisar que el Consorcio Santa Catalina asumió la seguridad y vigilancia de las estaciones por más tiempo del que contractualmente le correspondía, pues a pesar de haber entregado las obras el 19 y 20 de diciembre de 2011 –fecha en la cual cesaría su obligación–, continuó con el servicio de vigilancia hasta el 30 de enero del 2012”, aclaró el Consorcio mediante una carta enviada hace varias semanas a El Universal.
El contrato para la construcción de estos paraderos fue adjudicado en febrero de 2010. La firma ganadora del concurso público presentó una propuesta por $26.160 millones.
