Más de 30.000 millones de pesos ha invertido el Distrito entre 2008 y 2013 en la recuperación del espacio público en el Centro Histórico.
Esto incluye la recuperación de Puerto Duro (hoy Puerto de Chambacú), Parque del Centenario, plazas y plazoletas y el pago a vendedores informales para su reconversión económica o reubicación.
Estas millonarias inversiones y esfuerzos no han tenido la repercusión debida en la erradicación del problema porque una vez se ejecutan las obras y se cumplen los desalojos no se hace un control permanente ni se garantiza el uso y disfrute del espacio público para todos los ciudadanos.
En el Centro Histórico han sido recuperadas importantes áreas públicas y solo deberían quedar 255 vendedores ambulantes que dispersos en sus 100 kilómetros cuadrados no deberían tener un impacto negativo sobre el espacio.
Según Adelfo Doria Franco, gerente de Espacio Público, cuando arrancó este proceso restitutivo, en enero de 2008, había en el Centro 1.455 vendedores ambulantes con derechos amparados por la figura de la confianza legítima, y en diciembre de 2012, 1.200 ya habían sido reubicados, indemnizados o ayudados a empezar otra actividad económica. Sólo ha quedado pendiente la solución para los 255 que permanecen en distintos sitios.
El proceso ha sido muy difícil y ha demandado más de $3.000 millones solo en el apoyo a los informales, sin incluir el costo de los esfuerzos administrativos, pago de personal y logística para despejar el espacio.
Estos datos no parecen coincidir con la realidad que se ve en las calles y eso muestra lo complejo del problema, pero a la vez lo simple de la solución, si cada uno cumpliera con sus obligaciones.
Los vendedores que regresan o los nuevos que invaden el lugar despejado son fantasmas para el Distrito: no puede censarlos porque les estaría dando nuevamente herramientas de legitimidad para invocar un derecho legal.
“Esa es tarea exclusiva del control policial, pero hasta el momento no hemos logrado una actuación permanente y un compromiso a fondo de esa institución para evitar que de nuevo las áreas recuperadas se llenen de vendedores o de otros invasores”, insiste Doria Franco.
Esa es la explicación de la contradicción entre las cifras del Distrito y la realidad evidente en las calles.
DEFINIENDO RESPONSABILIDADES
El espacio público es para el goce de todos, por lo tanto la responsabilidad de su preservación también nos compete a todos.
La clave para que esto sea posible y se vean los resultados de las millonarias inversiones está, según el arquitecto Howard Villarreal, en lograr una sinergia entre cuatro elementos: decisión política y respaldo jurídico; recursos y financiación para acondicionar el espacio público para el uso de todos los ciudadanos; control policivo permanente; y educación, tanto de los vendedores a quienes se les permita su usufructo como del resto de la comunidad.
Aspectos vitales como el control policial y la educación en cultura ciudadana son los que más están fallando y, por eso, muchos vendedores reinvaden áreas despejadas, otras son ocupadas por carros, algunos andenes son invadidos por restaurantes de primera categoría y, como si esto no fuera suficiente, el 90 por ciento de las calles del Centro tiene un carril que funciona como parqueadero ilegal, limitando considerablemente la movilidad.
Ante la falta de autoridad, todos hacen lo que quieren. Nadie respeta el espacio público, los carros se suben en los andenes y sus conductores se molestan si alguien reclama porque no tiene por donde caminar.
“El fenómeno informal es de mi competencia y aunque algunos comerciantes formales o vehículos estén en el espacio público yo no puedo actuar, tiene que hacerlo el alcalde menor o el DATT, respectivamente”, expresa Adelfo Doria.
Cada uno de los actores tiene su responsabilidad frente al problema y a la solución, dice Flavio Romero Frieri, presidente de la Sociedad de Arquitectos de Bolívar.
“Las autoridades que apliquen las leyes y frenen la invasión indebida del espacio público. Hay reglas y solo tienen que hacerlas respetar y que quienes gobiernan no permitan irregularidades por el pago de favores, intereses particulares o a cambio de unos votos, o porque se comprometieron con sufragantes poderosos”, añade.
Movilidad y peatón son claves para organizar el Centro.
“Hay que desestimular el uso del carro en la ciudad amurallada continúa Romero, como no hay parqueaderos hay que buscar una solución, restringir el acceso de vehículos y crear las condiciones para que la gente se pueda desplazar con seguridad, reglamentando el uso de las bicicletas y estimulando un medio de transporte público eléctrico. También hay que recuperar, reglamentar y definir claramente los corredores culturales”.
El arquitecto Howard Villarreal cuestiona la apatía ciudadana y las acciones relámpago y esporádicas de las autoridades que solo reaccionan por un día ante una denuncia y luego se olvidan.
“Se hace un operativo solo tras el aspaviento porque están invadiendo de nuevo el espacio público. Los policías deben tener la potestad y el interés de proceder cuando vean a alguien ocupando el espacio público de manera ilegal y estar atentos para impedir que alguien viole la ley. Además, los ciudadanos tenemos que apropiarnos, disfrutando adecuadamente el espacio recuperado”, asegura.
REGLAMENTAR LAS PLAZAS
Las plazas, plazoletas y parques son espacios públicos vitales que permiten enlazar usos y actividades entre los ciudadanos, por lo tanto, deberían tener una reglamentación general para garantizar su aprovechamiento, disfrute visual y el libre tránsito que reflejen la prevalencia del interés general sobre el particular.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) así lo plantea. En este tema, el Concejo juega un papel tan importante como el del Distrito. Su aprovechamiento por los particulares se define hoy con decretos particulares. En 2006 se creó una norma para el manejo de la Plaza San Pedro Claver y la Plazoleta Alcalde Pareja. Luego, en mayo de 2007, se expidió otro decreto para la Plaza de Santo Domingo, que autoriza ocupar un 30% de su área; en la Plaza de Los Coches y la avenida Carlos Escallón se permite un 10,22%; del espacio público interno del baluarte San Francisco Javier y de la Plaza Baja de Armas, un 7,2%; mientras que en el Parque de la Marina se autorizó el 15,3% del área. Las otras plazas se usan arbitrariamente, pero en las mencionadas tampoco se respeta el área autorizada de ocupación.
INVERSIONES EN OBRAS
En Puerto Duro se invirtieron cerca de $7.000’000.000
Andrés Roca, secretario de Infraestructura, entregó cifras oficiales sobre inversiones en las siguientes obras de recuperación de plazas, parques y plazoletas del Centro.
–Plaza de la Aduana: $3.103’846.537.
–Parque del Centenario: $6.676’455.744. Ese proyecto está suspendido y ahora aprobaron un adicional por $1.900 millones.
–Plazoletas Telecom, Olímpica y callejones conectores: $8.193’381.255.
–Interventorías: $1.048’498.860, con el adicional del Centenario, ésta también se amplía, al igual que su costo.
