Gracias al fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, tras una demanda de Acción Popular, los derechos colectivos vulnerados a la comunidad de la isla de Barú por la Dirección General Marítima (Dimar), al otorgar la concesión isla de Barú, sector Playa Blanca, a la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca (Corplaya), están amparados.
El manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de las especies animales y vegetales, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, son algunos de los derechos colectivos que ampara el fallo.
Para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones, la sentencia ordena iniciar el procedimiento de consulta a las comunidades nativas de Barú, tal como dispone la “Guía para la realización de Consulta Previa en Comunidades Étnicas”, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades en áreas en donde haya comunidades étnicas.
Dicho fallo, que revoca la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, especifica además que la consulta previa “deberá llevarse a cabo en un término no superior a ocho meses, contados a partir de la ejecutoria material de esta sentencia (marzo del presente año)”.
José David Miranda, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, dijo que luego de padecer múltiples intentos de desalojo por el uso de la fuerza, ordenados por poderes políticos y económicos, “esperamos que las autoridades competentes hagan cumplir el fallo que dictó el juez y que se respeten nuestros derechos”.
APOYAN PROYECTO TURÍSTICOEn cuanto a la posibilidad de concertar con Corplaya para no obstaculizar el desarrollo del proyecto turístico que abarcaría unas 450 hectáreas de Barú, Miranda afirmó que “nosotros nunca nos hemos opuesto a que el desarrollo siga, lo que pasa es que el proyecto es muy ambicioso y no nos quieren incluir (…) Hay una comunidad asentada, que es Playa Blanca, y siempre la han querido desalojar, pero hasta hoy no han podido. La idea no es que el proyecto llegue y desaloje a los negritos que siempre hemos vivido ahí, si no que nos reconozcan como la comunidad que somos, nos respeten nuestros derechos ancestrales y podamos seguir viviendo y trabajar en Playa Blanca, como siempre lo hemos hecho”.
Agregó que para que las 80 familias que tienen más de 40 años viviendo en este sector y derivan su sustento económico del comercio en la playa, se vinculen al mencionado proyecto, “esperamos que el Gobierno nos preste las herramientas necesarias para organizarnos y estar acordes con el desarrollo turístico”.
NO VOTARÁN EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONESPor la falta de agua potable y una vía optima que les permita vivir dignamente, este domingo, día de las elecciones presidenciales, los 3000 baruleros de estrato 1 se manifestarán pacíficamente y no votarán.
Uno de sus grandes problemas es que para viajar por tierra hacia Cartagena, solo es posible hacerlo en moto o en camperos con doble tracción, y Playetas, su tramo más angosto entre la Ciénaga del Mohán y el Mar Caribe, se ha reducido 13 metros en el último año al ser erosionado por el mar, de modo que deben transitar haciendo equilibrio por la arena profunda de la playa.
El que no tiene moto debe alquilarla o salir en uno de los carros que viajan a Cartagena solo una vez al día, a las 4 de la mañana.
Por esta situación no llega el acueducto y las escasas veces que llegan por mar los bongos cargados con agua potable y traídos por particulares, les venden el tanque de 20 litros a $2.000.
