La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, por las irregularidades que se han venido presentando con el estado de los caballos cocheros, que eran utilizados en el distrito de la ciudad.
En decisión conocida por Colprensa, al Alcalde se le reprocha la desprotección animal y el eventual maltrato de los caballos, que prestan sus servicios en el centro turístico de Cartagena, por lo que calificó la falta como provisionalmente grave.
“Dionisio Fernando Velez Trujillo, en su condición de Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, pudo incurrir en falta disciplinaria, al no garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, protección animal, relacionadas con el servicio de coches en el distrito de Cartagena, postergando la exigibilidad de estas condiciones mínimas hasta el día 31 de diciembre de 2014, pese a que el decreto que dispuso esas medidas entró en vigencia el día 3 de junio de 2014”, dice la Procuraduría.
Y agrega que “esta decisión de exigir las condiciones mínimas para caballos, coches y pesebreras solo hasta el 31 de diciembre de 2014, lleva inmersa de manera ineludible la desprotección de los animales y permite en consecuencia su eventual maltrato. Se reitera que el permitir la actividad durante junio 3 a diciembre 31 de 2014, sin el cumplimiento de las condiciones mínimas, consagra y permite el maltrato durante este lapso”.
Lo anterior, permite afirmar que desarrollar la actividad sin el cumplimiento de las condiciones mínimas, durante esos 7 meses, comporta la desprotección de los caballos cocheros y su maltrato. No esta demás anotar los varios accidentes e incluso muerte de caballos en desarrollo de la actividad, como la de septiembre de 2014 en el sector de Bocagrande.
“En sana lógica se debió suspender la actividad y adecuar primero a las condiciones mínimas”, advierte el Ministerio Público.
Así las cosas, la decisión será notificada al Alcalde de Cartagena, quien tendrá un término de 10 días hábiles para que a través de su abogado presente descargos o aporte pruebas para refutar la decisión de la Procuraduría.
