A pesar de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Cartagena que ordena resolver la falta de aire acondicionado en el edificio Hocol de la Fiscalía, en Crespo, los empleados aseguran que la situación persiste y que la Subdirección de Gestión, seccional Bolívar solo ha adoptado medidas paliativas, que favorecen a menos del 5% de los afectados.
Los trabajadores interpusieron el recurso solicitando protección del derecho al trabajo digno, que consideran vulnerado con la avería del aire acondicionado que climatiza todo el inmueble que no tiene sistema alterno de ventilación.
El equipo averiado es importado y costó $4 mil millones, por lo que los repuestos para su reparación son costosos y deben llegar vía marítima.
En la situación, que ha ocasionado la suspensión de actividades dos veces en lo que va corrido del año, se afectan 500 empleados que trabajan en 120 oficinas y que soportan sensación térmica de hasta 56°C durante la jornada laboral.
Ante esto el Tribunal ordenó a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía y a la Subdirección Bolívar, identificar a los trabajadores que padecen enfermedades a causa de las condiciones labores y reubicarlos en otras instalaciones del ente en la ciudad.
De acuerdo con los afectados, no se ha procedido con la reubicación y solo se han instalado 17 aires acondicionados portátiles en las oficinas de quienes padecen de episodios de sofocación, hipertensión u otras condiciones médicas, que se pueden agudizar por la falta de aireación.
“Hay inconformidad entre los trabajadores porque la solución no ha sido para todos y aunque ha mitigado el problema y es más tolerable el calor, no es suficiente”, indicó el fiscal Alberto Puertas, que trabaja en el Hocol.
Cinco fiscales no permitieron la instalación de los equipos portátiles que le fueron asignados, en señal de protesta por los demás funcionarios que también lo necesitan pero que no se los han entregado.
El fallo señala que ambas dependencias deben ejecutar un plan que solucione el problema de ventilación, en un plazo máximo de dos meses.
El Universal intentó contactar a Iván Morales, funcionario a cargo de la Subdirección de Bolívar para saber cómo se adelanta el plan de atención, pero no fue posible la comunicación.
