Un incidente de desacato presentará la Defensoría del Pueblo ante el incumplimiento del Estado frente a la protección de los derechos fundamentales de 32 familias de la vereda Púa, zona rural de Cartagena.
Así lo anunció la defensora del pueblo en Bolívar, Irina Junieles Acosta, quien añadió que las familias en mención viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Se trata de personas víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, quienes el 12 de junio y el 28 de julio de 2014 fueron beneficiadas por sentencias judiciales que tutelaron los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la dignidad humana y la integridad física, sicológica y moral de esta población, que, tras dos desalojos, estableció como lugar de asentamiento esa zona rural de Cartagena.
Sin embargo, y pese a las órdenes perentorias que en su momento se impartieron a instancias como la Alcaldía, el ICBF, la Unidad de Víctimas y el Incoder, la asistencia y el cumplimiento de lo mandado por el Juzgado Décimo Tercero Oral Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, ha sido parcial y en todo caso insuficiente.
Se supo que las 32 familias se encuentran en condiciones de alto riesgo, dados los efectos de la sequía, la falta de alimento, su hábitat prácticamente a la intemperie, la ausencia de ayudas correspondientes a los aportes nutricionales para primera infancia, la incertidumbre respecto al inicio de los programas de alimentación escolar y las distancias (un poco más de 3 kilómetros) que deben recorrer los niños para asistir al único establecimiento educativo ubicado en esa jurisdicción.
Al respecto, El Universal intentó comunicarse con el director del Incoder Bolívar, pero este nunca respondió su teléfono celular. Luis Antonio Guerrero Benavides, director del Bienestar Familiar en Bolívar, manifestó que la entidad a su cargo ha hecho presencia en Púa y trabaja para que esa labor se mantenga en la vigencia 2016.
Aseguró que ha llegado a la población a través de la modalidad familiar, con atención a 37 familias.
“El trabajo -explicó- se ha realizado con la Fundación Prociencia, por medio de la cual se han llevado paquetes alimentarios y un equipo interdisciplinario que ha sensibilizado a la comunidad en temas para población infantil”.
