Los presos de la cárcel San Sebastián de Ternera y aquellos que tienen detención domiciliaria empiezan a sentirse abandonados, en las manos de un Estado que no busca ir más allá para preservar sus vidas y que los deja a su suerte en vez de brindarles la mano que tanto necesitan. Los guardias que atienden en este centro penitenciario también temen ante la crisis de salud que se vive en el penal y alzan su voz para que a los presos se les brinde la atención médica que necesitan y que mejorará indirectamente sus condiciones laborales.
“Uno puede ser un bandido, pero no nos pueden coger y abandonarnos de esa manera, somos de carne y hueso. También sentimos”, con esas palabras Jhonny* (nombre modificado para proteger la fuente) un hombre de 38 años con detención domiciliaria por porte ilegal de armas habla sobre su experiencia con la crisis de la salud que viene aquejando a los privados de la libertad en Cartagena y que se agudizó hace tres meses, después de que Caprecom entró en liquidación.
Jhonny* recibió el 29 de enero de este año -cuando estaba limpiando el lote de un vecino- un tiro en la pierna izquierda por parte de un miembro de la pandilla Las Águilas. Por el tiro, que le rompió la tibia y el peroné, lo operaron el 2 de febrero y días después, cuando salió del hospital, fue que empezó su calvario. Le dieron una orden para que en dos semanas lo viera un ortopeda, pero hasta la fecha no lo ha logrado a pesar de los múltiples trámites que han realizado sus familiares – señala.
Si la situación de Jhonny* suena preocupante, la de Albeiro* (nombre modificado para proteger a la fuente) es peor. Este hombre también tiene detención domiciliaria, fue diagnosticado con VIH, gonorrea, infección en los riñones y tiene cicatrices de quemaduras de tercer grado.
Él, desde hace 6 meses no recibe las consultas mensuales que le hacen para controlar el VIH. Ahora gracias a la diligencia del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) está interno en una clínica, donde le tratan la infección urinaria que se le agravó.
La vida de Albeiro* ha sido complicada. Tiene una condena de 12 años, tras cumplir 6 años en la cárcel su vida tuvo un giro de 360 grados: sufrió las consecuencias de un hecho registrado al interior de la cárcel, además se le detectó el VIH y le concedieron la detención domiciliaria. Desde hace un tiempo ya se siente en abandono por el sistema de salud para los presos y hay días en que se pregunta para qué vivir.
“A veces no me siento bien, con el ánimo bajo, y me he puesto a analizar que es a raíz de la enfermedad. En la cárcel hay más de uno que tiene lo mismo que yo, incluso hay gente adentro con tuberculosis, sífilis y no hay nada que le garantice la seguridad del interno referente a salud. Los que tenemos más posibilidades son a los que nos hacen las vueltas y lo conseguimos por otro lado, como yo con el Dadis, pero los que están allá presos que no tienen esa posibilidad”, comentó un cabizbajo y melancólico Albeiro*, que está cansado de los obstáculos en materia de salud que le ha impuesto el sistema.
LOS TRABAJADORES DEL INPECLos guardias que se cuidan a estos presos también están preocupados, pues ellos se ven afectados indirectamente por la falta de medicamentos, de insumos, de remisiones a especialistas y de clínicas en Cartagena que puedan atender a los internos.
“Estas situaciones ponen en riesgo nuestra integridad física, porque estamos expuestos a todo tipo de virus, enfermedades y demás patologías, sin contar que unas personas privada de la libertad, con estas enfermedades y sin tratamiento médico puede llegar a pensar en cometer una locura. Hay internos con VIH a los que les he quitado cuchillas y jeringas con las que de pronto pretenden tomar medidas por sus propias manos, quien sabe si quieren echarle mano a una unidad de guardia con una jeringa contaminada o hacerle la maldad a otros internos. Qué más puede pensar una persona con enfermedad terminal que se siente desahuciada”, comenta Óscar Avendaño, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores del Inpec.
Así mismo Fredy Zúñiga, representante sindical de los trabajadores del INPEC, señala que la situación se les sale de las manos a ellos, porque por más que quieran ayudar, el hacinamiento – en esta cárcel diseñada para 1400 personas hay 2300- y el poco personal que tienen se los impide.De acuerdo con Zúñiga este es el panorama que hay al interior de la cárcel de Ternera: “Tenemos 18 internos portadores del VIH que desde enero no están recibiendo asistencia, hay algunos que han bajado entre 2 y 3 kilos porque necesitan una alimentación balanceada, un control dietario, tratamiento de ortodoncia, sicológico y siquiátrico que no reciben. Necesitan retrovirales y no los tienen porque no están yendo a las consultas”.
De acuerdo con Zúñiga los médicos que están al interior de la cárcel hacen lo humanamente posible para atender los casos que se les presentan pues no tienen medicamentos para darles y los pocos insumos que hay es porque los mismos profesionales de la salud los han adquirido a través de donaciones.
Zúñiga señala que tras la muerte de uno de los presos, al parecer por una úlcera que se reventó por falta de controles médicos, viajó a Bogotá el 14 de abril y se enteró cuáles eran las clínicas que atendían a los presos, pues por falta de información no sabían siquiera a donde llevarlos. En ese viaje supo que en Cartagena solo hay contratación con Fresenius (solo atención para problemas renales) y la Clínica La Misericordia, en donde casi siempre lo que hacen es remitirlos a Barranquilla y Sincelejo para que los vean especialistas en varias clínicas con las que se tiene contratación, pero el INPEC no cuenta con el personal suficiente para hacer el traslado del paciente, por lo que se les hace imposible (Lea aquí: Claman por atención médica para internos de la Cárcel de Ternera).
“Hay unos 2300 internos en la cárcel y en el cuerpo de custodia y vigilancia somos 150 funcionarios, incluyendo novedades, vacaciones, los que están en remisión a nivel nacional e incapacitados laboralmente. Estamos cortos de personal, acá se forman compañías (grupos de vigilancia) con 40 funcionarios, de los que se sacan cinco para hacer las remisiones diarias a los despachos judiciales, es decir, quedan 35 funcionarios y son 30 puestos de servicio, en los cuales se supone debe haber 2 funcionarios en cada uno, es decir debería contarse con 60. Con ese panorama, quién los va a llevar a Barranquilla y Sincelejo, si por cada interno que salga de la cárcel deben haber dos unidades (guardias), además que por lo general son tratamientos que demoran más de un día y el personal necesitaría rotación”, comenta Zúniga.
AÚN NO HAY MEDIDA PROVISIONALLas autoridades departamentales y nacionales son conocedoras de este problema que se ha agudizado en el último mes, cuando – de acuerdo con la defensora del Pueblo, Irina Junieles- la mayoría de los medicamentos e implementos para realizar las curaciones se acabaron.
Esta situación llevó a que la Defensoría interpusiera una tutela contra el Ministerio de Justicia y Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la liquidada Caprecom, el Patrimonio Autónomo PAP consorcio del Fondo de Atención en Salud, la Fiduprevisora y la Superintendencia de Salud, con la que busca dos cosas: primero que se “garantice la atención en salud en la cárcel, priorizando los casos de 57 internos que consideramos graves, y se ordene urgente un censo para conocer las afectaciones de salud de toda esa población” y segundo, una medida provisional para enfrentar este tema que necesita una solución ágil en tanto que viola el derecho fundamental de la salud.
Pero, a pesar de los esfuerzos de la Defensoría aún no se ha dado una respuesta positiva ante la crisis. La medida provisional que se esperaba para el lunes de la semana pasada ha tenido obstáculos en el sistema judicial del país. Pues de acuerdo a las informaciones recibidas por la Defensora, la juez a la que le asignaron el caso se encontraba incapacitada, por lo que se devolvió la tutela a la oficina de reparto y se hizo el reparto nuevamente, pero al magistrado que le correspondió, manifestó que él no es competente para ese caso y que se la deben enviar a otra magistrada, la que lo tuvo en un principio en su despacho.
Ante tantas barreras imprevistas, la Defensora Junieles se encontraba la semana pasada redactando un oficio para enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura, buscando una luz en el camino que ayude a que los presos reciban un tratamiento digno para las enfermedades que padecen.
Además de los 18 internos con VIH, de acuerdo con la Defensoría, hay 66 internos hipertensos, de los que 11 además tienen diabetes; 15 diabéticos, 42 psiquiátricos -que deberían tener atención especial en otro penal-, seis personas con tuberculosis -que conviven con el resto de la población-, 11 personas con varicela y un número de casos por determinar de enfermos de cáncer (Lea aquí: Defensoría del Pueblo enciende las alarmas por Cárcel de Ternera).Toda esta población se encuentra padeciendo ante la incertidumbre de qué harán con ellos, cuándo llegarán sus medicamentos. Además que los demás presos se cuestionan por qué los tienen en tanto abandono y que sucederá con ellos si se presenta alguna riña y no hay con qué curarlos.
“Este es un problema que se puede convertir en un motín. De hecho los familiares estuvieron haciendo una manifestación pacífica y los guardias han hecho sensibilización para evitar violencia hacia los funcionarios y entre ellos mismos por la falta de atención médica, porque muchas veces por la ignorancia del tema pueden pensar que es el INPEC quien tiene que responder por la salud de ellos, y les hemos explicado que lamentablemente existe una tercerización que los afecta a ellos y a nosotros también porque si se presenta algún tipo de desorden va a ocasionar de que ingresemos a tomar el control del establecimiento y algo que no queremos es chocar por los internos por cosas que humanamente podemos llegar a solucionar”, señalan Zúñiga y Avendaño (Lea aquí: Dadis y Defensoría vigilan brote de varicela en cárcel de Ternera).
¿QUIÉNES ATIENDEN A LOS PRESOS?La Defensora del Pueblo explicó que “la situación en la cárcel ya venía mal, la atención era deficiente, pero a partir del 1 de enero de este año la situación se complica porque todo el esquema y el personal que tenía Caprecom deja de estar en funcionamiento y entra Caprecom en liquidación. Entonces se contrata con la Fiduciaria La Previsora y el fondo especial creado, en virtud del cual se suscribe el contrato de 40 mil millones por 3 meses para la atención de internos del país, el cual ya fue prorrogado por tres meses más”.
Agrega que “lo que se tenía que hacer rápido, no ha ocurrido de esa manera. La contratación de personal médico no se hizo de manera adecuada, hasta llegar al 11 de marzo cuando se acaba la mayor parte de los medicamentos. Ahora si no hay atención en salud, si no se sabe cuándo va a haber entrega de medicamentos ni revisiones, estamos en el peor de los casos porque no se da garantía a la salud y se pone en peligro la vida no solo de los internos, sino de los trabajadores y de toda la comunidad, porque es un tema de salud pública, pues la cárcel está incrustada en barrios residenciales”.
¿QUÉ HA HECHO EL DADIS?Adriana Meza, directora del DADIS, habló sobre las que acciones que ha tomado la entidad que dirige ante este panorama.IFrame
¿QUÉ SE ESTÁ ESPERANDO?El viernes de la semana pasada se intentó tener un pronunciamiento con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC), que es la que presta y garantiza servicios administrativos y operativos al INPEC para su buen funcionamiento, para indagar sobre cuál ha sido el tratamiento o seguimiento que se le ha hecho a la crisis en salud que se vive al interior de la cárcel de Ternera y quedaron de devolver la llamada a la periodista de este medio, que hasta ahora no ha recibido respuesta.
Ya ocurrió una muerte, por úlcera gástrica, sobre la cual se indaga si la falta de atención médica tuvo relación. ¿Qué se está esperando que ocurra al interior del penal para que el Estado ponga su lupa sobre esta cárcel, que además de los problemas de prestación de servicios de salud, tiene hacinamiento y se inunda cuando llueve por problemas en el alcantarillado?
