Las materialización del sueño de tener una casa propia se ha convertido en una pesadilla para los habitantes de la Urbanización La Sevillana.
Desde hace muchos años vienen escuchando que los predios que le compraron de buena fe a la firma Ranchos del Caribe, le pertenecen a la Fundación Julio Mario Santodomingo, y sería utilizados para construir el macroproyecto nacional de viviendas de interés social, Ciudad Bicentenario.
Los moradores dicen estar en el lugar desde 2008, fecha en que los directivos de la Fundación aluden que fue comprado el lote. Los trabajos de construcción, que en ese momento fueron denominados “invasión” se denunciaron en firme desde 2013.
Pese a esto, los trabajos continuaron y casi 10 años después, la urbanización es toda una comunidad.
“Es una comunidad que cuenta con 302 viviendas, 62 lotes en construcción y 42 lotes sin trabajar. Nosotros no somos invasores, fuimos compradores de buena fe. Que nos hayan estafado, que nos hayan engañado es algo muy diferente, nosotros no invadimos, tenemos una promesa de compraventa que demuestra que compramos e invertimos nuestros ahorros ahí, no es justo que hoy estemos pasando por esta situación ”, dijo Greys Salas, habitante de la urbanización.
Tribunal falló contra el Distrito y debe reubicar
Hace unas semanas, el Tribunal Administrativo de Bolívar falló contra el Distrito ante una acción popular interpuesta por la Fundación Santodomingo, e hizo un llamado a Corvivienda para que estudie la posibilidad de que los habitantes de La Sevillana tengan la oportunidad de ser tenidos en cuenta para una reubicación.
En el fallo se contempla, que las autoridades distritales en materia competente en control urbano, violaron el derecho a la analización de construcciones y edificaciones, al no impedir que se realizara un proceso de urbanización sin las licencias necesarias en el predio destinado al macroproyecto de ciudad Bicentenario.
Los habitantes se preguntan, por qué el Distrito permitió que se siguiera adelante con la construcción de las viviendas, si se supone que el predio tenía dueño.
“Solicitamos una investigación, ya que en Instrumentos Públicos existen dos números de matricula para el mismo predio, una para la fundación con el número de matricula 060-100962 y otra a nombre de Ranchos Caribe con el número 060-54391, queremos que se defina la situación jurídica de este predio y que podamos estar tranquilos de que este es un lugar legal”, manifestó Anuar Salazar, habitante de La Sevillana.
Debate en el Concejo
Ante la orden del Tribunal, y la evidente vulneración de los derechos, el concejal Cesár pión citó a un debate para respaldar a los habitantes de La Sevillana.
“No entiendo cómo en una ciudad, el Distrito permite si fuera ilegal o si es ilegal la construcción de esta urbanización, y si lo permite, el Distrito es cómplice y es el responsable, y es quien debe solucionar la problemática a una población que ha invertido, que compró de buena fe y que ha construido viviendas con inversiones de toda la vida para que hoy por un fallo del Tribunal se ordena que esta gente sea desalojada y que entre en fila en Corvivienda para la asignación de una vivienda”, manifestó el concejal, Cesár Pión.
La urbanización no cuenta con agua potable, a lo que Fredy Angulo, gerente técnico de Acuacar, manifestó que la empresa está en disposición de prestar el servicio público una vez el Distrito resuelva el problema de predios, y que será necesario una inversión en redes, que debe ser asumida por la Alcaldía.
Ante esto, el secretario de Planeación, Iván Castro dijo que la urbanización se encuentra fuera del área urbana. “Cuando revisamos el proyecto La Sevillana encontramos que este fue un proyecto que no se hizo a través de una licencia de urbanismo, por lo tanto, en ese momento no había la posibilidad de incorporar a Sevillana dentro del perímetro urbano, y este obedece al perímetro de servicios públicos de la ciudad”.
Tendrán acompañamiento de la Personería
El personero distrital, William Matson, abanderará la defensa jurídica de los habitantes de La Sevillana, ya que considera que se les han vulnerado varios derechos.
“La personería debe liderar la mesa de trabajo para darle solución a estos ciudadanos que están en esta situación, y que han hecho una inversión de buena fe”, manifestó Wilson Toncel, presidente del Concejo.
Los habitantes esperan que ya que el Distrito no se manifestó cuando se empezó a conocer la problemática, ni tampoco hizo presencia en el debate, puedan ayudarlos a que terminar con el eterno litigio.
“Es una decisión entre defenderles a ustedes sus interés social o defender los intereses económicos de la Fundación Julio Mario Santodomingo, ahí está la clave por encima de cualquier cosa, incluso desde el punto de vista jurídico y de titulación”, puntualizó Javier Curi, concejal.
