Doña Beatriz contuvo el aliento ese primer día que conoció el mar en las playas de Cartagena. Lo había imaginado inmenso, rebelde y vestido por esa manta plateada con visos de espejismo que se forman por los rayos del sol justo antes de la línea que parece unirlo con el cielo. Así lo veía en las novelas que le gusta ver y así lo encontró ese medio día de julio.
Miró a su esposo y sintió el regocijo de un sueño cumplido. Respiró y sintió el olor a sal y a libertad que transpira el mar y que en las novelas no podía percibir. Entonces abrazó a don José y lo obligó a meterse al agua para sentir el encanto de todo aquello que se hace por primera vez. Se maravilló por los empujones de las olas y se asombró por el ardor que el agua salada dejó en su garganta cuando tragó un primer sorbo.
En la playa quedaron sus dos hijos, Tatiana y Deibi, que acompañados por Fernando, un amigo de Cartagena, se encargaron de buscar el lugar y las carpas para instalarse en una tarde de playa, en Bocagrande.
La familia llegó desde Rionegro, Antioquia, y a pesar de estar relativamente cerca al mar, solo Deibi lo conocía. Fue él el que obligó a su padre a tomarse unas vacaciones como administrador de una casa finca en la zona rural de ese municipio antioqueño, donde ha dejado pasar la mayor parte de los años de su vida.
Para doña Beatriz todo fue un idilio hasta que se encontró con la situación incómoda de negarse a uno de esos masajes que se ofrecen en Cartagena. Ella y Tatiana se habían salido del agua y descansaban del sol en la carpa. Fernando y Deibi les habían recalcado negarse a uno de esos masajes, pues conocían los abusos que a veces se cometen con los turistas desprevenidos.
Pero la masajista insistió. Llegó a ofrecerle un pequeño masaje gratis, como prueba, y ella, sin más argumentos para negarse, cedió. Esa prueba gratuita pasó, de repente, a costar 35 mil pesos. Doña Beatriz se negó a pagarlos y la actitud amable de la masajista se cargó de agresividad.
Don José, Deibi y Fernando tuvieron que intervenir y amenazar con llamar a la Policía y la masajista se alejó lanzando todo tipo de insultos costeños. El menos vulgar los trataba de “cachacos caga playa. Vienen aquí nada más a cagarse en las playas”.
Ahí mucho cambió para la pareja de esposos. Se dieron cuenta del elevado precio de casi todos los productos y de la intensidad acosadora de algunos vendedores. Desde entonces, cada vez que les preguntan por su experiencia responden con el desparpajo del paisa formado en el campo. “Muy hermoso y espectacular todo, pero...”
Ese ‘pero’ parece el común denominador de un gran número de personas que visitan a Cartagena y que se encuentran con la problemática de los avivatos que se aprovechan para abusar en la prestación de servicios y que construyen una mala imagen que compite con la buena reputación turística e histórica con la que es conocida la ciudad.
UNA CRUDA REALIDADAunque les impactó negativamente en la imagen de la ciudad, la familia de Rionegro no afrontó los casos de abusos más insólitos que se presentaron el último año en contra de los turistas. A ellos no les cobró un taxista 100 mil pesos para llevarlos desde el aeropuerto Rafael Núñez al barrio Manga, una distancia que no excede los 7 kilómetros, como le ocurrió Fernando Luiz Nobre Cavalcante, un brasileño que también visitaba a Cartagena por primera vez. (Lea: 100 mil pesos le cobraron a brasilero por llevarlo del aeropuerto a Manga).
A ellos no les cobraron 550 mil pesos por ocho cócteles de piña colada, dos mojitos, una cerveza y una gaseosa, que sí les cobraron a cinco estadounidenses que vacacionaban en las playas de Bocagrande. (A turistas les cobraron $550.000 por 12 bebidas en playas de Bocagrande).
Peor que a doña Beatriz le ocurrió a Paulina Calvo, a su hija y a una amiga, que también aceptaron la prueba gratuita de una masajista. Ellas provenían de Chile y el servicio gratuito de masajes pasó a costarles 450 mil pesos, en un caso que pasó a instancias judiciales. (Turistas chilenas pagaron $450 mil por un masaje en playas de Bocagrande).
Son muchos los hechos que hacen que los visitantes de Cartagena acompañen sus buenas valoraciones con un ‘pero’ que evidencian que el paraíso puede volverse un infierno si se cae en las garras de los abusadores.
En junio pasado, el semillero de investigación Conflicto y Sociedad, integrado por estudiantes de derecho de la Universidad de Cartagena, reveló un estudio en el que se evidenció que quienes llegan de visita se sienten afectados principalmente por los altos costos del transporte público y el acoso de vendedores ambulantes.
Esa percepción se puede comprobar con los registros del área de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que contabilizó en 79 los casos de sanciones por fraudes a turistas que se impusieron durante 2017 a nivel nacional. Cartagena, Santa Marta y San Andrés presentaron el mayor número de denuncias. (Se disparan fraudes a turistas, ¿dónde está el control de las autoridades?).
En Cartagena es difícil conocer el número de casos exactos que se cometen en contra de los visitantes debido a que no todas las víctimas denuncian y muchas desconocen el procedimiento para acceder a los tipos de ayudas que se brindan en la ciudad.
En lo que va de 2018 se presentaron varias denuncias que revivieron el debate sobre los controles que se hacen y los que deben hacerse para que se acaten las normas y se respete al turista.
En junio pasado el Concejo Distrital hizo un llamado a la Alcaldía para tomar medidas más efectivas y se recordó la idea de conformar una secretaría de turismo, propuesta por el anterior alcalde encargado, Sergio Londoño.
Sin embargo, la actual alcaldesa encargada, Yolanda Wong, recurrió a otra estrategia, que consiste en habilitar una línea de celular para recibir las denuncias y atenderlas mientras ocurren.
ASÍ FUNCIONA LA LÍNEATras el caso de los cinco estadounidenses y otros que captaron la atención de los medios, Yolanda Wong dispuso a finales de junio una línea de la Secretaría del Interior para que se aceleren los procesos de defensa de los turistas víctimas de abuso y se castiguen a los abusadores.
La línea 3164739678 se enlazó con lo que se designó como ‘Grupo Élite’, integrado por la Secretaría, la Policía, el DATT y otras autoridades, y desde entonces atiende las denuncias de cartageneros y turistas.
El número es atendido por un asesor jurídico de la Secretaría del Interior, que recibe las denuncias y se comunica con la autoridad competente, según el caso, que llega al lugar, ayuda a resolver los conflictos y aplica las sanciones a los vendedores si se comprueba algún tipo de violación a las normas.
En poco más de 15 días de estar funcionando la línea -hasta el fin de semana del 8 de julio- se han reportado por allí siete casos que necesitaron ser atendidos por alguna autoridad. Además, según el asesor, este último fin de semana se recibieron más de 20 llamadas para consultar precios, normas y dar recomendaciones.
El último caso se atendió el domingo 8 de julio en Playa Blanca, Barú. Allí, a unas personas provenientes de Argentina les cobraban 400 mil pesos por un consumo que no ameritaba tal precio. Tras la atención gestionada por la línea, con la ayuda de la Policía, se logró que a los turistas se les devolviera el dinero, se les aplicó un comparendo a los infractores y se les cerró el establecimiento.
Otro caso que se presentó el fin de semana fue el de un vendedor que cobraba en exceso por carne de jaiba a unos bolivianos. Una persona se percató del hecho y tras avisar a la línea, el Grupo Élite ubicó el caso, decomisó la mercancía al vendedor y le aplicó un comparendo del Código de Policía porque realizaba la actividad sin los permisos necesarios.
Aunque los casos atendidos parecen pocos ante la percepción que hay sobre la frecuencia de los abusos, la disposición de una línea disponible 24 horas para atender estos casos podría ayudar a mejorar el servicio, a identificar a los vendedor que suelen abusar de los foráneos y por ende reducir esa mala imagen que contrasta con el atractivo turístico de la ciudad. El reto está en que, en una ciudad en la que los proyectos políticos suelen durar tan poco como sus gobernantes -10 alcaldes en 6 años-, el programa se logre afianzar y se acompañe de una buena difusión para que los cartageneros y visitantes conozcan los recursos a los que puedan acudir cuando se sientan víctimas de algún abuso.
