Transcaribe requiere de una inyección de aproximadamente 61 mil millones de pesos para cubrir el déficit y garantizar la operación, la única opción para obtener estos recursos de manera inmediata es el Gobierno nacional.
Así lo explicó la gerente del sistema, Sindry Camargo, quien aseguró que descartado el préstamo con Findeter y pese a que siguen trabajando en opciones que generen ingresos adicionales en el mediano o largo plazo, la situación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena no puede esperar más.
En entrevista con El Universal, la funcionaria recordó que “como lo comuniqué en el Concejo hay un riesgo inminente de parálisis, así lo han anunciado los concesionario y lo sabemos nosotros porque también tenemos rol de operador, sabemos cuánto cuesta operar la porción de la flota de Transcaribe, los ingresos han sido insuficientes para pagar todas las obligaciones que tenemos para garantizar la operación”.
La solución que se requiere es inmediata y lo que se necesita no es poco dinero, por ello las fuerzas de la Alcaldía, de Transcaribe y de otras entidades territoriales donde hay sistemas masivos, están centradas en las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, “como la solución tiene que ser inmediata y es una cifra que no es minúscula, estamos concentrados en el Gobierno nacional, entre otras cosas porque fue el que decretó medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus, sin esas medidas no tendríamos ese impacto en la demanda, por eso la agenda que estamos liderando para que haya soluciones más directas y concretas”, indicó Camargo.
Aunque las empresas operadoras del sistema y el ente gestor no han dicho cuánto más puede aguantar Transcaribe en su actual situación financiera, este medio conoció que algunos proveedores han cerrado las líneas de crédito y tienen como única opción el pago inmediato por sus servicios, lo que comienza a poner en aprietos a la operación del sistema.
Este martes, el senador cartagenero Fernando Nicolás Araújo aseguró que el Gobierno nacional atenderá esta situación y que desde el Ministerio de Hacienda se comprometieron a convocar una mesa de trabajo con el Distrito para buscar soluciones de manera conjunta ante la crisis por la que atraviesa Transcaribe, y aunque el anuncio es una esperanza en la misión de salvar al sistema, la sensación general es que necesitando la solución con tanta urgencia las palabras “mesas de trabajo” suenan a conversaciones extensas que tomarán tiempo para lograr una salida.
Sobre la fecha para iniciar estas mesas técnicas hasta el momento solo se sabe que será “en los próximos días”.
Transcaribe no está sentado esperando los recursos del Gobierno nacional, mientras la solución inmediata se concreta está trabajando en nuevas fuentes de ingreso que se puedan generar. “Estas no son materializables a corto plazo porque requieren de estudios, deben pasar por el Concejo, lo que quiere decir que no estarán listas este año sino quizá para el segundo semestre del 2022”, explicó la gerente del ente gestor. Las opciones que se exploran son las contempladas en la Ley 1955 en el artículo 97 que indica otras fuentes de financiación para los sistemas de transporte y que incluye nueve alternativas.
1. Recursos propios territoriales. Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de capital.
2. Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía. Los órganos territoriales podrán establecer una contribución a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de vía o estacionamientos en vía y podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.
3. Estacionamiento en vía pública. Las autoridades territoriales podrán destinar una parte de los recursos que se hayan obtenido de las contraprestaciones económicas percibidas por el uso de vías públicas para estacionamiento.
4. Infraestructura nueva para minimizar la congestión. Las autoridades territoriales que hayan adoptado plan de movilidad podrán establecer precios públicos diferenciales por acceso o uso de infraestructura de transporte nueva construida para minimizar la congestión.
5. Áreas con restricción vehicular. Las autoridades territoriales podrán definir áreas de congestión en las que sea necesario condicionar o restringir espacial o temporalmente el tránsito vehicular. El acceso a estas áreas podrá generar contraprestaciones o precios públicos a favor de la entidad territorial, quien definirá su tarifa y condiciones con base en estudios técnicos, con fundamento en el tipo de vía o zona; los meses, días u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del vehículo, el número de pasajeros o el tipo de vehículo, entre otros.
6. Las entidades territoriales podrán destinar un porcentaje hasta del 60 % del recaudo correspondiente a la entidad territorial por concepto de multas de tránsito para el funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte público masivo y colectivo o transporte no motorizado.
7. Las autoridades territoriales podrán modificar las tarifas de los servicios de transporte público complementario a partir de la aplicación de factores tarifarios que permitirán obtener recursos para la sostenibilidad de otros servicios colectivos o masivos que operen en su jurisdicción.
8. Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte. Una entidad pública denominada superficiante, titular absoluta de un bien inmueble fiscal o de uso público destinado a la infraestructura de transporte conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1682 de 2013, podrá otorgar el derecho real de superficie de origen contractual, enajenable y oneroso, a un tercero denominado superficiario, por un plazo máximo de 30 años, prorrogables hasta máximo 20 años adicionales.
9. Se podrán utilizar recursos de otras fuentes como valor residual de concesiones, valorización, subasta de norma urbanística, herramientas de captura del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes por edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas de influencia de proyectos de renovación urbana así como recursos obtenidos a través de ingresos no operacionales.
Desde ayer a las 8 de la mañana, en los ruteros de 68 buses de la flota de Sotramac, una de las empresas operadoras, se exhibía el mensaje: “Alcalde, no deje morir el sistema”, exhortando al gobierno local a buscar soluciones inmediatas ante la crisis del SITM.
El Universal conoció que la protesta simbólica busca alertar a la ciudadanía sobre la inestabilidad laboral que representa para decenas de trabajadores una posible parálisis del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Sin embargo, la gerencia de Transcaribe S.A. anunció que el mensaje en los ruteros no fue “autorizado”.
“Los ruteros son un medio para informar a los usuarios sobre las rutas que cubren los buses en operación. Eventualmente se exhiben en ellos mensajes institucionales, que deben ser previamente aprobados por la gerencia del sistema, lo cual no sucedió en este caso.
“La decisión de mostrar este mensaje en los ruteros fue tomada unilateralmente por uno de los concesionarios, y no fue consultada con Transcaribe”, se lee en el comunicado. La gerencia de Transcaribe informó que ya solicitó al concesionario entregar las explicaciones correspondientes sobre el suceso para tomar así “las acciones administrativas correspondientes”.
Este medio consultó con Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, quien aseguró que se trata de una iniciativa de los trabajadores desesperados por la incertidumbre laboral desatada por la exposición pública de la situación financiera de Transcaribe.
“Ellos tienen el legítimo derecho a protestar de forma pacífica, como lo están haciendo, quizá este es un buen momento para que Transcaribe se acerque a ellos y les explique la situación. Recibiremos las acciones que inicie la gerencia de Transcaribe y por supuesto responderemos con argumentos”, indicó Nieto.