Desde el 19 de octubre de 2018, Óscar Bonilla Varela, vocero del comité antipeajes, instauró a través de su apoderado judicial una demanda para obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 103 de 16 de junio de 2018, “por la cual se certifica el no cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos” para adelantar la consulta popular denominada “eliminar peajes en toda el área del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Lea aquí: Con recolección de firmas buscan tumbar todos los peajes en Cartagena
Esa resolución, proferida por los Registradores Especiales del Estado Civil en Cartagena de Indias, inhabilitó miles de firmas y da por demostrado que no se cumple con los requisitos de nombres, apellidos y cédulas de ciudadanía de más de veinte mil firmas, “pero al revisarlas, tales inconsistencias no existen”, argumentó Bonilla. Lea también: Peajes habrían causado detrimento de $300 mil millones: Contraloría
Por esto, el vocero demandó la mencionada resolución y pidió al Consejo de Estado ordenar a la Registraduría:
- Proferir una certificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la propuesta de un mecanismo de participación ciudadana denominado “eliminar peajes en toda el área del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias”.
- Remitir certificación, trasladándola al Tribunal Administrativo de Bolívar para que conceptúe previamente sobre la constitucionalidad de la propuesta de consulta popular.
- Remitir al Concejo Distrital de Cartagena de Indias para que conceptúe sobre la aprobación de este mecanismo de participación ciudadana.
- Enviar certificación del cumplimiento del requisito del 10% de las firmas del censo electoral regional al alcalde de Cartagena, para que este convoque la consulta, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
“El Consejo de Estado tenía tres años revisando eso”, lamentó Bonilla. Indicó que “en 2019 admitieron la demanda. Nosotros la pusimos porque la Registraduría se voló unos conductos regulares (...) El Consejo de Estado ya revisó, pero supuestamente no tiene competencia para dar fallo”. Lea: Acuerdan gratuidad indefinida en peajes de Manga y Ceballos
Y es que el Consejo de Estado resolvió el pasado 21 de julio “declarar de oficio la excepción previa prevista en el numeral 1º del artículo 100 del Código General del Proceso, esto es, la falta de competencia”.
Así mismo, resolvió “informar a las partes que la declaratoria de falta de competencia de esta corporación para conocer el presente asunto no afecta la validez de las actuaciones surtidas hasta este momento”.
Y “remitir el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos del Distrito de Cartagena de Indias, Bolívar, para que sea asignado al Juzgado que le corresponde continuar conociendo el presente proceso”.
¿Por qué?
Sobre su decisión, el Consejo de Estado explicó que la resolución demandada fue proferida por los Registradores Especiales del Estado Civil en Cartagena de Indias, de modo que sus efectos ”recaen sobre el ámbito geográfico que comprende ese territorio, es decir, el Distrito de Cartagena de Indias. Por lo que la autoridad judicial competente para conocer la demanda en contra de este acto administrativo son los juzgados administrativos de ese Distrito especial y no el Consejo de Estado”.
Ante la novedad, el vocero del comité antipeajes reiteró que “estamos esperando que el Consejo de Estado envíe el caso a los Juzgados Administrativos para que ellos den un fallo y entonces, si es posible, nos concedan la razón. La idea es conseguir la consulta popular porque nosotros tenemos firmas suficientes, pese a que la Registraduría nos negó el plazo adicional. Aspiramos a una consulta donde el pueblo elija, aunque ya por lo menos tenemos gratis los peajes de Manga y Ceballos”.
Sobre estos, sostuvo que “estamos en el proceso de destruir las estructuras, que fue un tema que quedó latente en la última reunión con la Alcaldía. Iniciamos a las 8 de la mañana y terminamos casi a las 5 de la tarde. No alcanzamos a debatir el punto de la eliminación total de esos peajes, destruir las estructuras, porque cuando estaban cobrando la gente sabía que tenía que hacer el pare ahí para pagar, pero ahora la gente prácticamente sigue de largo y ¿quién quita que en la noche alguien se accidente en una de esas casitas? En eso estamos”.
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