Una semana después de que el alcalde William Dau Chamatt acusara de ‘malandrín’ a Alfonso Cabrera Cruz, director de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el funcionario fue suspendido.
(Lea aquí: Por conceptos “irregulares”, Dau pide investigar a jefe de Patrimonio del IPCC)
Este martes, 22 de marzo, el IPCC ordenó su retiro del cargo durante 6 meses, en cumplimiento a lo ordenado en los fallos de primera instancia de 16 de junio de 2020 de la Procuraduría Provincial de Cartagena, y el de segunda instancia con fecha 22 de febrero de 2022 de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.
El instituto detalló que la suspensión se da por incurrir en silencio administrativo positivo, falta disciplinaria prevista en el numeral 35 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 (CDU).
Frente a la suspensión, El Universal se comunicó con Alfonso Cabrera, quien manifestó que seguirá ejerciendo su defensa dentro del proceso disciplinario.
“Debo manifestar que tal como se ha venido haciendo continuaré ejercitando mi defensa en su escenario natural, esto es, el proceso disciplinario en donde además me asiste el deber de guardar la reserva”, dijo.
Añadió: “Lo curioso del asunto, y sin interferir en el proceso, resulta que estos atentados se den justo cuando el proyecto de Protección Costera ha sido objetado por estar acreditado que no cumple con el concepto previo para su adelantamiento, tal como lo certificó el Ministerio de Cultura”.
Es de recordar que en su denuncia, el mandatario local señaló que tras recaudar varias pruebas se encontró que Cabrera Cruz habría asumido facultades que no le corresponden y emitió, presuntamente, conceptos previos favorables para obras e intervenciones que se realizan en Bienes de Interés Cultural (BIC), siendo que esta función administrativa es propia del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, instancia distinta a la División de Patrimonio.
“Cabrera presuntamente asumió facultades que son del comité y emitió conceptos favorables bajo la figura de un comité previo de la División de Patrimonio, el cual no existe en el acuerdo aprobado por el Concejo; un invento que él se hizo. Lo más curioso es que normalmente un permiso tarda entre 15 y 45 días en obtenerse. Sin embargo, los conceptos hechos por este señor eran expedidos en cuestión de horas. Esto estaría conllevando a la expedición de documentos irregulares y podría causar perjuicios a la administración y a los usuarios de estos servicios”, señaló el alcalde.