La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en el marco de la audiencia de medidas cautelares del canal del Dique, le ordenó al Gobierno nacional adoptar medidas de protección sobre el área de influencia de la hidrovía. Lea: Canal del Dique: la JEP ordenó tomar medidas de carácter restaurativas
“Se le ordena al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el diseño, redacción e inclusión de un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque diferencial étnico y de género”, dijo Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la audiencia y magistrado de la JEP.
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Y continuó: “Se debe constituir una mesa técnica de carácter inmediato con la asesoría de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y con la Procuraduría delegada ante la JEP. El protocolo debe aplicarse a cualquier tipo de intervención que se haga en el canal del Dique, derivada en el proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o reemplacen”. Lea: Adjudicación del macroproyecto del canal del Dique, en manos de un juez
También se les ordenó al Mintransporte y ANI que establezcan un protocolo de exhumación, que no solo esté diseñado para el tratamiento de los hallazgos fortuitos de cuerpos, sino para la garantía de los derechos de las víctimas, relacionadas con la búsqueda, hallazgos, exhumación, tratamiento y entrega digna.
“Se le ordena a Cormagdalena que antes de poner en marcha cualquier tipo de intervención, construcción, dragado o cualquier obra civil en el canal del Dique, con ocasión o no de emergencias naturales, informe a la Sala Dual de la JEP y a la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas, para que se asegure que las intervenciones cuenten con su acompañamiento”, agregó Ramelli Arteaga.
Además, el Ministerio de Transporte debe construir una mesa interinstitucional de articulación con la ANI, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Minambiente, Anla, Fiscalía, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, comunidades negras, raizales, entre otras. Y se deberá elaborar en un plazo máximo de seis meses un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados.
Más ordenes
Se le ordenó a la vicefiscal Marta Mancera que, en el término de dos meses, elabore un plan de acción para superar la impunidad en la región del canal del Dique, que incluya las graves violaciones de los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas imputables a grupos armados ilegales, agentes del estado y civiles.
A la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP se le ordenó realizar en el término de 30 días la inspección judicial al cementerio de Albornoz de Cartagena, con el fin de identificar cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto.