Hace un mes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció desde Cartagena que la líder del Consejo Comunitario de Hato Viejo había desistido de la tutela que instauró y mediante la cual se ordenó la suspensión del proyecto del canal del Dique. Posterior a ello, en el Palacio de la Proclamación, sede de la Gobernación de Bolívar, se firmó un “acuerdo de voluntades”, en el que se pactaron una serie de compromisos, entre los que se encontraban la realización de consultas previas y que las comunidades que están alrededor del canal tuvieran participación en la ejecución de las obras. (Lea: En manos de juzgados queda futuro del proyecto del canal del Dique: Corte)
El 6 de octubre, el jefe de la cartera de Transporte indicó: “Necesitamos que el juez que decretó las medidas cautelares las levante y que el elemento ambiental se cumpla. En los próximos días estaremos anunciando algo muy importante. La plata para el macroproyecto del canal del Dique está”. A pesar del anuncio de Reyes, estaban a la espera de que el Juzgado Sexto del Circuito de Cartagena, donde se ordenó la suspensión del macroproyecto, se pronunciara sobre el desistimiento de la acción de tutela.
Por su parte, El Universal conoció el borrador del auto de la Corte Constitucional donde se dejaba sin efectos la tutela de la comunidad de Hato Viejo, y se le hacía un llamado al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena y al Juzgado Trece Penal del Circuito de Sincelejo a resolver el conflicto de competencia. En medio de la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de $3,2 billones, se conoció que el Juzgado Administrativo del Circuito de Cartagena decidió “no aceptar el desistimiento de la solicitud de tutela”. De acuerdo con el juez, las circunstancias que lo imposibilitan a acceder a esa petición son: los terceros interesados solicitaron continuar con el trámite de tutela hasta el final; se vislumbra que existe un interés general que salvaguardar con esta acción de tutela, pues eventualmente se estaría afectando las costumbres, fuentes de alimentación, forma de sustento de cada familia y muchos otros aspectos propios y característicos de la comunidad negra Los Olivos de Hato Viejo.
Entre los argumentos que tiene el juzgado para negar el desistimiento de la acción de tutela se encuentra un concepto de la Corte Constitucional: “Al respecto también se ha pronunciado la Corte en Sentencia T-376/2012, y relacionado con la transcendencia del derecho cuya garantía y protección se ha puesto en entredicho, ha aclarado que el desistimiento en la acción de tutela es procedente siempre que se refiera a intereses personales del peticionario”. Y continuaron: “En el presente caso está en litigio los derechos de toda una comunidad, se repite, no es procedente su desistimiento y deberá esta judicatura realizar un pronunciamiento en sentencia”.
Crudo panorama
Una vez se resolvió el conflicto de competencia, se le pidió a la juez de Cartagena resolver de fondo la tutela radicada frente a si procede o no la consulta previa y las medidas cautelares. Si la jueza resuelve ordenar la consulta previa y no se levanta la medida cautelar, el proyecto este año no podría ser adjudicado y dejaría en vilo el recurso financiero, porque se tendría que pedir dinero al Ministerio de Hacienda.
Si se ordena la consulta previa y se levanta la medida cautelar, la incertidumbre continuaría porque la Ley 1682 en su artículo 39 dice que no se pueden adjudicar los proyectos de infraestructura hasta tanto no se hayan protocolizado las consultas que hayan dado lugar.
El mejor escenario del proyecto es que la jueza levante la medida cautelar, es decir, que se pueda adjudicar, y que la consulta previa se haga una vez se adjudique el mismo. Si el juzgado decide realizar la consulta previa antes de la adjudicación, los recursos serían destinados para las emergencias por las lluvias en el país. El Universal conoció que el plazo máximo para tomar una decisión es el 10 de diciembre. De lo contrario, la APP del Dique tendría que volverse a estructurar y buscarse nuevamente los recursos. Se esperaba que el próximo martes se adjudicara el proyecto. Sacyr podría interponer acciones legales por los efectos de la retribución esperada.