Las escenas en Cartagena de caballos desplomados, expuestos a la lluvia o al sol y en condiciones precarias en sus caballerizas fueron motivo suficiente para que la Comisión Sexta del Senado de la República aprobara en primer debate, con 12 votos a favor, el proyecto de Ley 183 del 2022, por medio del cual se prohíbe el uso de animales para la tracción de vehículos con fines turísticos. Lea aquí: ¡Indignante! Caballos cocheros padecen bajo la lluvia en Cartagena
Dicho proyecto fue radicado en septiembre del 2022 por la senadora bolivarense Nadia Blel y tiene como ponente a la congresista Ana María Castañeda.
En diálogo con El Universal, Blel destacó que este proyecto tiene un doble propósito: proteger y garantizar el bienestar de los animales y realizar una transición ordenada y estructurada para que las personas que hoy ejercen esta profesión tengan otra alternativa de trabajo que les permita llevar el sustento a sus familias. Le puede interesar: El proyecto de ley que acabaría con los coches turísticos en Cartagena
“Este proyecto es la respuesta a un clamor ciudadano. Yo creo que ya tenemos que pasar de la indignación, Colombia entera se indigna al ver videos e imágenes del sufrimiento de los caballitos en ciudades como la nuestra... ¡a la acción! Yo creo que Cartagena debe ser reconocida a nivel internacional por ser una ciudad que protege y en donde prevalece el bienestar de sus animales. Lo lindo de este proyecto es que no solamente trata de prohibir, sino que busca hacer una transición ordenada hacia un turismo sostenible”, manifestó la senadora.
Señaló que en el proyecto de ley se estableció un periodo de un año para que las entidades municipales realicen la sustitución; un censo de los actores; definan el plan alternativo de trabajo para las personas que viven de esto (cocheros); una compensación para los propietarios de caballos y establezcan medidas de protección para los animales usados en estas actividades.
La congresista del Partido Conservador indicó que en el proyecto no se define cuál será la forma de sustitución ni el mecanismo alternativo para seguir garantizando la actividad turística (coches eléctricos, de energía solar u otra forma), sino que corresponde a cada municipio decidir el método en un término de seis meses.
La senadora precisó que los municipios pueden financiar el proyecto con recursos propios, cofinanciación por parte de entidades del orden nacional, recursos de cooperación internacional o donaciones por parte de personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras.
“Esta ley es exigible y acarrea sanciones. Nosotros no queremos que esto sea simplemente un saludo a la bandera. Esta es de obligatorio cumplimiento y respeta la autonomía de los municipios, pero establece unos términos perentorios para que se pueda hacer esa transición, para que se brinde protección a los animales y se reconversión laboral para las personas que ejercen este tipo de funciones. Lo que yo más celebro es que en este proyecto incluimos una garantía para las familias que hoy dependen de esa actividad económica. No se trata simplemente de prohibir, sino de tener en cuenta sus derechos como ciudadanos, como trabajadores, como operadores y también como representantes de lo que es Cartagena como patrimonio. La idea es que sigan ejerciendo esta actividad, pero que lo hagan sin vulnerar el derecho de los animales”, puntualizó.
Nadia Blel indicó que tras aprobarse el proyecto en primer debate el paso siguiente establecido por la Comisión Sexta es realizar una audiencia pública en Cartagena para escuchar a las familias que se verían impactadas por la aprobación de la ley.
Una vez se surta este paso, la ponente Ana María Castañeda presentará la iniciativa para debate en la plenaria del Senado. Es de precisar que hasta el momento no hay fecha definida para la audiencia.
¿Qué dicen los cocheros?
Julio Martínez, secretario de la Asociación de Cocheros de Cartagena y quien defiende el oficio como una actividad tradicional y que hace parte del patrimonio de Cartagena, sostuvo que “el proyecto de Ley 183 del 2022 es escueto y no es claro. Además, vulnera los artículos 7, 8, 25, 52 y 72 de la Constitución Política y las leyes 769 y 2138”.
“La prohibición es prácticamente una medida desproporcional, porque los coches encierran una tradición que data del siglo XVI y que se ha mantenido vigente ininterrumpidamente de generación en generación, y es de rango constitucional el respeto por la cultura y los valores de las tradiciones”, precisó Martínez. Le recomendamos: Caballos cocheros: proponen Pesebrera Distrital para mejorar el servicio
El líder de los cocheros aseguró que “es falso que los caballos son maltratados”, pues la actividad de los cocheros está regulada y formalizada por las autoridades.
“Los caballos, 120 que se usan para esta labor, cada tres meses se someten a revisiones y exámenes médicos veterinarios, gozan de un plan sanitario que incluye todas las vacunas y están completamente identificados con microchip. Además, existe una reglamentación que establece los requisitos que se deben cumplir para poder prestar el servicio y la Umata, DATT y Dadis hacen controles permanentes”.
Resaltó que los caballos son parte de su familia y velan por su cuidado.
Julio Martínez cuestionó que el proyecto de ley deje la responsabilidad a los municipios de “improvisar sin fuentes de financiación la sustitución y el mecanismo alternativo de trabajo para 500 familias (cocheros y propietarios) que hoy viven de esta actividad”.
Y añadió: “La sustitución de cada coche por uno eléctrico está alrededor de los 120 y 150 millones de pesos, por lo cual nosotros calculamos que el Distrito necesitaría más de 25.000 millones de pesos para la sustitución de los vehículos y el plan de adaptación laboral de los cocheros. ¿Cómo va el Distrito a conseguir esta cantidad de dinero?”.